Resumen: El sindicato médico solicita la adopción de medidas cautelarísimas inaudita parte para que el servicio de salud provea, con carácter urgente e inmediato, en el término de 24 horas, a todos los centros sanitarios de batas impermeables, calzas, gel desinfectante y contenedores grandes de residuos; y que se realice la evaluación individualizada de los riesgos laborales de todos los profesionales sanitarios que prestan sus servicios en los referidos centros. Se anuncia la futura presentación de la demanda de tutela de derecho a la integridad física. Las causas de la denegación de las medidas solicitadas son, en primer lugar, la falta de reclamación frente a la administración pública competente, ya que el sindicato no acredita haber reclamado a la administración lo que vaya a ser objeto del proceso que pretende entablar, lo cual es sumamente relevante, pues ello permitiría informar al órgano jurisdiccional acerca de si la administración se niega o está conforme con lo que se solicita en el proceso principal. Y, al respecto, la administración no se niega a facilitar los medios de protección, sino que no puede hacerlo por desabastecimiento de los mismos en el mercado. En segundo lugar, se desestiman las medidas, por la ausencia de peligro en la mora procesal, ya que nos e facilitan porque no se tienen. En tercer lugar, no se estima porque no existe la apariencia de que la demanda va a estar bien fundada, es decir, no existe el fumus bonus iuris. Por tanto, se desestiman las medidas.
Resumen: El recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, siempre que no se pretenda su agravación, otorga plenas facultades tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un "nuevo juicio" autorizando la valoración de las pruebas practicadas en primera instancia, así como examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el juez a quo eso sí, con la matización que en la valoración de la prueba personal debe respetarse la conclusión alcanzada por el juzgador de primer grado, porque, además de estar situado en una posición neutral frente a la parcial de las partes, se encuentra en una mejor situación para ponderarlas por la inmediación en su recepción, salvo que se observe un manifiesto error en su apreciación o en conjunción con otras pruebas. El derecho a la presunción de inocencia se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo validas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. Solo cabrá constatar una vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva.
Resumen: AMENAZAS (TODOS LOS SUPUESTOS NO CONDICIONALES)
Resumen: La única vía procesal que el legislador permite frente a una sentencia absolutoria impugnada por error en la apreciación de las pruebas, es la de declarar la anulación de la sentencia, " y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida", para que se dicte una nueva sentencia. Para llegar a esta solución alegando en el recurso error en la valoración de la prueba, la parte apelante debe " pedir la anulación de la sentencia absolutoria" y " será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada".
