Resumen: DESPIDO NULO POR INCAPACIDAD "DURADERA" O "DE LARGA DURACIÓN". FALTA DE CONTRADICCIÓN.
Resumen: La resolución impugnada denegó a la demandante, concesionaria de una autopista de peaje autonómica, la solicitud de reequibrio financiero por ruptura ocasionada por las medidas adoptadas por la pandemia del covid desde el primer periodo de alarma. La sentencia considera que la normativa excepcional dictada con ocasión del covid estableció un amplio abanico de derechos para los concesionarios afectados por la pandemia, plasmando la opción del legislador respecto al reparto de riesgos entre Administraciones y concesionarios, aplicando la jurisprudencia que expresa que, en el ámbito de las concesiones de obras y de servicios, la posibilidad del restablecimiento del equilibrio económico del contrato se vincula con la imposibilidad de ejecución y que las medidas compensatorias adoptadas por la legislación de emergencia son limitadas y no abarcan la totalidad de los perjuicios sufridos, sino solo aquellos que el legislador consideró imprescindibles para permitir la continuidad de la ejecución del contrato. Por tanto, no es de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial del riesgo imprevisible o del "factum principis", y sí la doctrina jurisprudencial que aplica las medidas previstas por el legislador de emergencia para las concesionarias de autopistas, que niegan el reequibrio al faltar el presupuesto de imposibilidad total o parcial de la ejecución del contrato, lo cual es extensible a las autopistas autonómicas.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido que con estimación parcial de la demanda deducida por el Sindicato USO, declaró que la conducta empresarial de negar la asistencia del delegado de dicho sindicato a participar -con voz y sin voto- en las reuniones de la comisión de seguridad y salud laboral, lesiona su derecho a la libertad sindical, y condenando a abonar al Sindicato actor, en concepto de indemnización por daños morales la suma de 6000 €. Para llegar a esta solución el TS comienza por rechazar la modificación del relato fáctico e, interpretando desde una perspectiva constitucional los arts. 5 y 10 de la LOLS, concluye que una interpretación no restrictiva de lo recogido en el convenio colectivo de aplicación no puede contravenir las normas de derecho necesario citadas. Los negociadores de la norma paccionada no pueden restringir derechos que integran el contenido del derecho a la libertad sindical. Conclusión que no se ve desvirtuada por el hecho de que, no sólo la empresa, sino también otros sindicatos se opusieran a la asistencia del delegado de USO a las reuniciones de dicha comisión, al no desprenderse tal dato del inmodificado relato fáctico.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto por una empresarios contra las medidas sanitarias para la contención de la pandemia tras el cese del segundo estado de alarma. Tras establecer el marco legislativo que permite a la administración competente adoptar y acordar limitaciones y medidas, en condiciones de urgencia y necesidad, para prevención, protección y control de la salud pública, acude a los pronunciamientos dictados por el Tribunal Supremo cuya jurisprudencia considera que la la restricción de derechos fundamentales por razones sanitarias, razón de la pandemia del COVID19, no exige necesariamente la cobertura del estado de alarma contando con cobertura legal suficiente por las leyes sanitarias de aplicación, si bien debe comprobarse la idoneidad y adecuación de las medidas bajo el principio de proporcionalidad. Las medidas adoptadas cumplían con los requisitos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas. Y ello se hace sobre una base científica existente en el momento en el que se acordaron las medidas objeto de análisis.
