Resumen: Se formula demanda sobre tutela de derechos fundamentales por un sindicato de policías contra el Gobierno de España y el Ministerio del interior,solicitando se declare la existencia de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, concretamente del artículo 15 CE, que contiene el derecho a la integridad física. Se pide la adopción de medidas cautelarísimas "inaudita parte ", para el aseguramiento de la efectividad de la Tutela Judicial efectiva por razones de urgencia, para que se acuerde de manera excepcional, anticipadamente, ante la existencia de la situación en la que nos encontramos ante el SARS COVID 19. En el caso que no fuera concedida la medida cautelarisima, solicita la medida cautelar, consistente en la ADOPCIÓN de medidas de Protección de la integridad física de los funcionarios, en concreto:Realizar el test de coronavirus a todos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Incompetencia de jurisdicción. La AN declara en línea con lo que ha sostenido la STS/3ª de 8 marzo 2017 (rec. 810/2015), de haberse ejercitado una acción tendente a reclamar por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, la competencia para conocer hubiera correspondido al orden social de la jurisdicción, pero ,en la medida que se plantea demanda por tutela de derechos fundamentales de miembros del cuerpo nacional de policía estamos dentro del ámbito de protección definido por el artículo 53.2 de la Constitución y el artículo 114.1 de la LJCA.
