Resumen: Demanda de disolución del matrimonio por divorcio. La demandada solicita una pensión de alimentos a favor de sus hijas mayores de edad. En primera instancia se estimó la demanda de divorcio interpuesta pero se desestimó la solicitud de la esposa de que se estableciera pensión alimenticia a favor de sus hijas mayores de edad. Recurrida en apelación por la demandada se estimó en parte el recurso y se acordó que el padre abonara una pensión de alimentos para las hijas comunes (una conviviente con la progenitora a quien debía ingresárselo en la cuenta que designara la progenitora, y otra conviviente con la abuela materna a quien debía ingresárselo en la cuenta que designara dicha abuela), siendo los gastos extraordinario a cargo de ambos progenitores por mitad. Contra dicha sentencia recurre en casación el demandante alegando oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige, para reconocer legitimación a hijos mayores de edad, que convivan con el progenitor y que sea él mismo quien los perciba y administre. Se desestima el recurso de casación, ya que la exclusión de la posibilidad de que el progenitor solicite alimentos para el hijo mayor de edad se refiere a los casos en que el mismo viva de forma independiente de la familia y no a aquellos en que, por razones justificadas como son la de seguir estudios en otra localidad, dicha convivencia tenga lugar en la actualidad con la abuela materna, ya que sigue en el seno familiar.
Resumen: Estamos ante un despido declarado nulo y de otro, el aspecto preventivo ha de valorarse en el supuesto analizado tomando en consideración que la recurrente, en tres ocasiones, ha sido condenada por atentar contra la libertad sindical y el derecho a la huelga de otros trabajadores. Supuestos que junto con el que ahora se analiza y aunque no haya sido parte el demandante en los mismos, llevan a considerar adecuada la cantidad indicada de 25.000 euros como resarcimiento por los daños y perjuicios causados. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño. Inexistencia de parámetros que permitan con precisión traducir en términos económicos el sufrimiento en que tal daño [moral]
Resumen: En este caso la trabajadora está vinculada con la Junta de Andalucía, mediante contrato de interinidad por vacante, desde el año 2008, sin que en el momento de presentar la demanda rectora de las actuaciones la plaza ocupada haya sido cubierta reglamentariamente. La sentencia de suplicación estima el recurso y declara el carácter indefinido no fijo de la relación que une a las partes. La cuestión debatida consiste en determinar si cabe concluir que una trabajadora contratada de manera regular en la modalidad de interinidad por vacante adquiere la condición de indefinida no fija por el transcurso de los tres años que prevé el art. 70 del EBEP. El TS entiende que el plazo del invocado art. 70 EBEP no opera de modo automático ni implica la novación de los contratos de interinidad por vacante en indefinidos no fijo. La Sala estima el recurso, no apreciándose irregularidad alguna en el proceder de la Administración y actualiza la fundamentación de la doctrina de la Sala IV, en concordancia con las posteriores SSTJUE sobre empleos de duración de terminada. Declara que las convocatorias para cubrir las ofertas de empleo quedaron paralizadas por la grave crisis económica que sufrió España en esa época y que dio lugar a numerosas disposiciones limitando los gastos públicos, que tuvieron incidencia directa en el gasto de personal y convocatorias de empleo público, por cuanto prohibieron la incorporación de personal nuevo, aunque fuese temporal.
