Resumen: No son recurribles en suplicación las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social en los procesos referentes a las diferencias en la cuantía de las prestaciones si no superan los 3.000€. Para determinar la cuantía, ésta viene a determinada por la diferencia respecto de lo previamente reconocido en vía administrativa -art.192.4 LRJS-. Si se trata de prestaciones económicas periódicas o diferencias sobre ellas, la cuantía litigiosa a efectos de recurso viene determinada por el importe de la prestación básica o de las diferencias reclamadas, ambas en cómputo anual, sin tener en cuenta las actualizaciones o mejoras que pudieran serle aplicables, ni los intereses o recargos por mora. La misma regla se aplica a las reclamaciones de reconocimiento de derechos, siempre que tengan traducción económica -art.192.3 LRJS-.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación deducido contra Sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo deducido contra resolución municipal que acuerda, tras la sustanciación del correspondiente procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, la demolición del cerramiento de la terraza de una cafetería. Tras realizar una serie de consideraciones en relación con la restauración de la legalidad urbanística (FD 2º), concluye que teniendo en cuenta que se ha procedido a la ejecución de una obra (cerramiento de terraza) sin que con carácter previo se hubiese obtenido la pertinente e imperativa licencia urbanística que lo autorizase, y como quiera que la recurrente-apelante no ha solicitado su legalización, en el plazo preclusivo para ello concedido, resulta incuestionable la conformidad a Derecho de la resolución impugnada en cuanto ordena la demolición de la obra indebidamente ejecutada. Frente a unas obras ilegalmente realizadas, como las aquí nos ocupa, la respuesta prevista por el ordenamiento jurídico es su demolición, con la consiguiente restauración del orden urbanístico, resultando inaplicable el principio de proporcionalidad.
Resumen: La Sala, con desestimación del recurso de apelación formulado por el Ayuntamiento, confirma la Sentencia dictada en la instancia por la que se estima el recurso contencioso-administrativo deducido contra requerimiento de legalización de obras realizadas abusivamente al considerar acreditada la caducidad de la acción para el ejercicio de la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística. La valoración conjunta de la prueba efectuada en la sentencia de instancia no cabe reputarla de ilógica, irrazonada o arbitraria sino todo lo contrario pues de manera motivada analiza cada medio de prueba (documental, testifical y pericial), para llegar a la conclusión de que la parte recurrente en la instancia ha acreditado a través de la prueba aportada, el transcurso del plazo de cuatro años de caducidad de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística, valoración de la prueba que consideramos correcta si asumimos en su integridad.
Resumen: La Sala confirma la Sentencia dictada por el Juzgado por la que se desestimaba el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución municipal que acuerda la recuperación posesoria de determinada parcela de dominio público. Constatado que los demandantes no cuestionan la naturaleza de dominio público de los bienes recuperados ni sus linderos, sino que condicionan la validez del acto de recuperación a una indemnización y realojo, a partir de una situación en la que habitarían en precario diversas construcciones incluidas en el dominio público con anterioridad a su adquisición por el Ayuntamiento en 2005, la Sala rechaza dicha pretensión al no haberse acreditado que alguno de los recurrentes ostentara el derecho alegado con anterioridad a 2005, por lo que no se puede considerar probado que, en el momento de la adquisición del bien por el Ayuntamiento en 2005, los demandantes ostentaran un derecho que pudiera oponerse al ejercicio de la potestad recuperatoria del Ayuntamiento. En cualquier caso, las reclamaciones derivadas de ostentar derechos reales sobre los bienes recuperados deben ser ejercitados ante la jurisdicción civil. La norma aplicada no prevé el reconocimiento de indemnización y realojo cuando se ejercita la potestad de recuperación de oficio, sin perjuicio del ejercicio de otras acciones que pudieran asistir a los demandantes, si es el caso, en el procedimiento administrativo correspondiente.
