Resumen: Demanda contra el administrador por responsabilidad individual y por deudas ya que la sociedad estaba incursa en causa de disolución y el administrador incumplió el deber legal de promover su disolución, solicitando la condena al pago de la deuda de la sociedad de la que era administrador. En primera instancia se estimó la demanda al apreciar que concurrían los presupuestos de la acción individual de responsabilidad, pero no se pronunció sobre la acción de responsabilidad por deudas. Recurrida en apelación por el demandado, se estimó su recurso al considerar que no concurría causa de disolución cuando se generó la deuda. Formulados recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, el primero se desestima por no existir motivación arbitraria o irrazonada ni error patente en la valoración de la prueba. En el recurso de casación se plantea si a los efectos de determinar la concurrencia de la causa legal de disolución por pérdidas, la cifra que debe confrontarse con el capital social incluye el patrimonio neto más el pasivo o solamente el primero. La sala tras analizar las «pérdidas agravadas» como causa legal de disolución y el empleo de criterios contables para determinar su concurrencia, junto con la valoración del patrimonio social y el concepto legal de «patrimonio neto» concluye que para poder determinar si una sociedad se encuentra sujeta a causa de disolución por pérdidas hay que atender a su patrimonio neto y ver si es inferior a la mitad del capital social.
Resumen: La Sala desestima los motivos del recurso de casación relativos a la interpretación del contrato de agencia de Vodafone al considerar que la interpretación que hace la Audiencia sobre la distinción entre remuneraciones y el concepto litigioso (SVT) como no remuneratorio es plenamente acorde con una interpretación literal del contrato. Por ello, no infringe ni las normas del Código Civil sobre interpretación contractual, ni las normas de la Ley de Contrato de Agencia sobre los derechos de remuneración del agente y su incidencia en el cálculo de las indemnizaciones que, en su caso, puedan resultar procedentes por la extinción del contrato. Tampoco considera que Vodafone vaya contra sus propios actos, puesto que en los documentos de pago distinguía entre remuneraciones y subvención por anticipo. Igualmente desestima el motivo relativo a la autofacturación al incurrir en petición de principio. Finalmente, la Sala estima el motivo del recurso de casación relativo a la imperatividad de la normativa sobre indemnización por clientela en el contrato de agencia, y considera improcedente aplicar a dicha indemnización descuentos previstos en el contrato. Como consecuencia de ello, es incorrecta la solución propugnada en la sentencia recurrida que limita o aminora la indemnización que corresponde al agente, al infringir el art. 3.1 LCA, todo ello conforme a reiterada doctrina de la Sala, sobre indemnización por clientela en el contrato de agencia.
