Resumen: La Sala resuelve en apelación mantener el criterio adoptado por el auto del Juzgado Central que inadmitió el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la desestimación presunta de la solicitud de revisión de oficio del acuerdo por el cual se reconocía el derecho del actor a cobrar el complemento de productividad en determinada cuantía. Se plantea en este caso el alcance del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución y su ejercicio a través del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona regulado en el artículo 115 de la LJCA, en particular si la extemporaneidad del recurso y la consiguiente declaración de inadmisibilidad colisionan con el contenido material de ese decrecho. La sentencia desestima el recurso y recuerda que los órganos judiciales están constitucionalmente obligados a aplicar las normas que regulan los requisitos y presupuestos procesales teniendo siempre presente el fin perseguido por el legislador al establecerlos, evitando cualquier exceso formalista que los convierta en obstáculos procesales impeditivos de acceso a la jurisdicción que garantiza el art. 24.1 CE, lo que, sin embargo, no puede conducir a que se prescinda de los requisitos establecidos por las Leyes que ordenan el proceso y los recursos, en garantía de los derechos de todas las partes.
Resumen: E gobierno del Salvador ha iniciado en 2016 una ofensiva contra los líderes de las maras o pandillas juveniles para contener la oleada de violencia que se ha desatado en el país. Las maras han pasado de ser bandas callejeras centradas en la protección de lo que consideran su territorio a convertirse en organizaciones criminales transnacionales. Las medidas para detener la violencia criminal en El Salvador recuerdan las estrategias represivas del pasado, pero que incluyen otras nuevas que persiguen «reducir drásticamente la capacidad de funcionamiento de las estructuras criminales» y disminuir las altísimas tasas de violencia. Las declaraciones gubernamentales parecen indicar que el gobierno salvadoreño está cada vez más cerca del establecimiento de una estrategia de seguridad coordinada y con nuevas medidas más definidas, a la vez que analiza las políticas anteriores. En definitiva, a principios de 2017, fecha de la decision del Ministro, se constata una situación positiva para la reducción del crimen organizado en El Salvador. El conjunto de medidas políticas, judiciales y de sensibilización de la poblacion están dando esperanzadores resultados. Esta nueva realidad socio-política que se está consolidando en el país, es el resultado de varias décadas de trabajo conjunto en la articulación de esfuerzos del gobierno, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y la propia ciudadanía. Se confirma la resolucion ministerial.
Resumen: La Sala confirma en este caso la legalidad de la resolución de la Administración Tributaria por la cual se sanción a la entidad recurrente por la comisión de la infracción prevista en el artículo 192 de la LGT puesto que en los DUAs de importación de cuatro aeronaves adquiridas fuera del terrirorio de aplicación del impuesto había fijado el valor de aduana de forma incorrecta, sin segur las instrucciones establecidas al efecto en el Código Aduanero Comunitario. Concluye que la conducta realizada por la mercantil recurrente como importadora, al consignar datos inexactos en su declaración aduanera, impidió la adecuada liquidación de los tributos que gravan la entrada de las mercancías en el territorio de la Comunidad y, por ello, no puede considerase que su declaración fuese completa, correcta ni veraz. Además, aprecia culpabilidad pues una actuación mínimamente diligente le hubiera permitido darse cuenta de que estaba fijando de forma incorrecta el valor de aduana el cual aparecía claramente determinado en los correspondientes contratos, notoriamente superior.
