Resumen: Demanda de nulidad de cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, pero la audiencia provincial la revocó por considerar que la estipulación es clara y fácilmente comprensible y supera los controles de incorporación y transparencia. Recurren en casación los clientes demandantes y la sala desestima el recurso. En primer lugar, considera que los dos motivos del recurso incurren en la causa de inadmisión de omisión de cita de la concreta norma que se considera infringida; no es posible transformar la casación en una tercera instancia a fin de que sea el tribunal de casación el que, supliendo la actividad que la norma atribuye a la parte, investigue si el agravio denunciado deriva de una infracción sustantiva, identifique la norma vulnerada y construya la argumentación del recurso a fin de precisar en qué y porqué resulta infringido el derecho aplicable a la decisión del caso. En segundo lugar, se altera la base fáctica de la sentencia recurrida ya que, frente a lo que resulta de la formulación del motivo, en el que se sostiene que no consta la recepción de la oferta vinculante por parte de los prestatarios en fase precontractual, la sentencia recurrida concluye con una valoración contraria, afirmando la existencia de la misma y su coincidencia con la escritura pública. La concurrencia de causas de inadmisión del recurso se convierten ahora en causas de desestimación del mismo.
Resumen: La Sala declara haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Generalitat de Cataluña y desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad recurrente en la instancia contra las resoluciones administrativas que inadmitieron a trámite la reclamación formulada respecto del presupuesto técnico-económico elaborado por la empresa distribuidora para proceder al suministro eléctrico solicitado. Recuerda que cuando las discrepancias o reclamaciones conciernen a los costes regulados del contrato de suministro de energía eléctrica, cualquiera que sea el tipo de contrato, la competencia corresponde siempre y en todo caso a la Administración. Cuando se trata de controversias relativas a la distribución de costes y trabajos derivados de las condiciones técnico económicas, la actuación de la Administración se limita a la función arbitral con arreglo a los artículos 45 (artículo 25 del Real Decreto 1048/2013 y 46) y, por tanto, con anterioridad al perfeccionamiento del contrato y aceptación de la oferta correspondiente por las partes intervinientes. Una vez formalizado el contrato, la controversia es una cuestión civil, ajena al ámbito de la Administración.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra sentencia que, estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo, reconoció el derecho del recurrente en la instancia al cobro de las subvenciones pendientes aplazadas. El TS diferencia dos tipos de comprobaciones: la justificación y la realización de la actividad objeto de la ayuda, actividades administrativas distintas que tienen finalidades y ámbitos de actuación diversos y que no tienen un régimen temporal común. Si la actividad de comprobación se ha iniciado por la Administración, pero no se ha acordado la suspensión de pagos, el abono de la subvención resulta igualmente obligado si es que la justificación documental está completa. Siguiendo precedentes de la Sala, reitera la doctrina por la que el acto del beneficiario de una subvención otorgada por acto firme de la Administración justificativo del cumplimiento de la actividad subvencionada, constituye una actuación obligada para el beneficiario que no inicia un procedimiento administrativo sujeto a un plazo máximo de resolución. La Administración esta obligada al abono de la subvención concedida -o la cantidad pendiente-, una vez ha verificado que está completa la justificación presentada, según el plazo fijado en las bases reguladoras de la subvención, sin que pueda resultar de aplicación el plazo de prescripción de la acción de reintegro o declaración de la pérdida del derecho a la subvención.
Resumen: Recurso contra nombramiento de promoción a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo. Desestimación. El nombramiento no se decide por antigüedad en el escalafón o en el escalafón de especialistas, sino en el grado de excelencia en el estricto ejercicio de la función jurisdiccional, y el acuerdo recurrido pone de relieve los méritos reveladores de la excelencia en el ejercicio de la función jurisdiccional del codemandado. La motivación del acuerdo recurrido satisface de forma adecuada todas las exigencias que dimanan de la jurisprudencia tanto en el criterio de excelencia en el ejercicio estricto de las funciones jurisdiccionales como en los aspectos complementarios. La expresión "mayoría simple" para el nombramiento significa que llega a tenerla, sin más, la decisión que obtiene más votos a favor que en contra.
Resumen: PRIMERO. - En este procedimiento, con fecha 2 de mayo del 2018, el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de los de esta Ciudad dictó sentencia declarando la nulidad, por tener el carácter de abusiva, de la cláusula de gastos de la escritura de 23 de diciembre del 2011, condenando a la demandada a abonar a la parte actora la cantidad de 329,90 euros más los intereses legales que se indican en el cuerpo de la sentencia. Condenó en costas a la demandada.
