Resumen: Demanda en la que se reclama el derecho a la percepción de una indemnización derivada de la ocupación irregular de unos terrenos comunes de una urbanización privada por parte de la Administración cuando la actora era titular de la parcela. En primera instancia se estimó la demanda y en segunda instancia se estimó el recurso de la demandada y con él se desestimó la demanda. Interpuestos recursos extraordinario por infracción procesal y de casación por la actora, la Sala desestima el primero al no apreciar error en la valoración de las pruebas, incongruencia o falta de motivación. Estima el recurso de casación al considerar que tras la ulterior enajenación de la parcela con vivienda, el vendedor conservó el derecho a percibir la suma indemnizatoria pues nunca pudo transmitir a los compradores demandados lo que no tenía, como eran los metros cuadrados expropiados, negando que se hubiera transmitido a los demandados derecho alguno sobre la indemnización a percibir que indebidamente cobraron, con lo que procede su devolución a la demandante. Precedentes jurisprudenciales.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que interpretó un contrato de prestación de servicios de peritación y consideró que no se tenía que pagar indemnización alguna por la extinción del contrato, al tratarse de una relación de duración indefinida en la que, de acuerdo con la jurisprudencia, es posible el desistimiento sin causa y solo procedería pagar una indemnización por los daños causados cuando la conducta de quien pone fin a la relación es abusiva o contraria al principio de la buena fe, lo que en el caso no se daba. La sala confirma esta conclusión. Reitera que la interpretación del contrato y sus cláusulas es una facultad propia de los tribunales de instancia salvo cuando se demuestre su carácter manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario o vulnere alguna de las normas o reglas sobre la interpretación de los contratos, por desnaturalización de sus presupuestos y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, que no se produce en el caso litigioso. La interpretación que propone la recurrente, que el contrato, de duración indefinida, solo se le puede poner fin por su incumplimiento, no resulta del tenor literal del contrato y, de otra parte, llega a un resultado que desplaza la consolidada doctrina jurisprudencial que reconoce que cada contratante tiene la facultad de poner fin libremente a una relación obligacional en en la que no se ha acordado una duración determinada.
