Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia que a su vez desestimó la demanda denegándose la prestación por incapacidad permanente absoluta o total, confirmando la declaración de la Gestora, pues las dolencias que sufre el accionante no presentan en la actualidad una gravedad tal como para impedir al actor desarrollar las tareas fundamentales de su profesión habitual, que no conlleva exigencias físicas o posturales incompatibles con dichas dolencias.
Resumen: La sentencia analiza en apelación la legalidad de la sanción impuesta por dopaje en una prueba hípica al detectarse que uno de los caballos participantes había sido tratado con sustancias no permitidas. Para ello, examina el ámbito de aplicación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que el Abogado del Estado recurrente entiende referida a la práctica deportiva en general, suponiendo que se aplicaría a todos los deportes, fuesen directamente realizados por el hombre o con la ayuda o a través de animales. No obstante, la Sala, partiendo de que la posterior Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, del Dopaje, se centra exclusivamente en el dopaje humano, y que la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, que la derogó, se refiere solo al dopaje de deportistas y no de animales, concluye que la norma que sirvió de base a la sanción, el artículo 1.e) del Real Decreto 255/1996, de 16 de febrero, que tipificaba como infracción muy grave "La administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en animales destinados a la práctica deportiva", carece de cobertura legal suficiente, por lo que confirma la anulación de la sanción acordada por el Juzgado de instancia. Y todo ello a la vista de la doctrina elaborada por el TC sobre el principio de legalidad que garantiza el artículo 25 de la Constitución y su aplicación en el ámbito administrativo sancionador.
Resumen: El actor recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social, que desestima su pretensión de reconocimiento del derecho a la asignación de un valor punto en su retribución variable superior al asignado. La Sala de lo Social rechaza, en primer lugar, la revisión del relato de hechos probados al no cumplir los requisitos jurisprudenciales para ello; y, en segundo lugar, desestima el recurso, pues siendo el actor conocedor, desde el inicio de su relación laboral, del sistema de retribución variable individual de la empresa y que la misma tenía una política de remuneraciones formada por una remuneración de carácter fijo y otra variable en modalidad colectiva e individual, y siendo esta última establecida en función de la consecución de una serie de objetivos o resultados cuantitativos/cualitativos de acuerdo con el cumplimiento de determinadas objetivos individuales, de equipo y de entidad dentro de la gestión prudente de riesgos, la empresa asignó al reclamante el valor punto que le correspondía en función de su puesto de trabajo de responsable de zona y no de director de zona.
