Resumen: Primero.- Por la representación procesal de Justiniano, investigado en las Diligencias Previas nº 451/2020 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Vitoria-Gasteiz, se impugna el auto de 11 de abril de 2020, confirmado en reforma el 21 de abril, por el que se dicta orden de protección respecto de él en favor de su madre, Bibiana, con imposición de medidas de prohibición de acercamiento y comunicación.
Resumen: La Sala desestima el recurso recordando que la omisión del dictamen del Consejo de Estado no es causa de nulidad, puesto que no era exigible en el procedimiento seguido para la aprobación la Orden, ya que no se trata de una disposición reglamentaria (reglamento ejecutivo). Por lo que respecta a la controversia del fondo sobre la supresión del servicio de disponibilidad de potencia, la Sala considera que la supresión viene justificada en la Orden por la modificación del marco normativo que viene impuesta por cambios destinados a avanzar en la consecución del mercado interior de la electricidad y para cumplir con los compromisos climáticos, a partir de la descarbonización, la electrificación de la economía, la participación más activa de los consumidores, un uso más sostenible y la penetración mayor de las energías renovables: así como el incremento de la libre competencia (pues este tipo de incentivos puede introducir distorsiones). Partiendo de lo anterior y de la jurisprudencia que subraya que el concepto retributivo de pago por capacidad tiene un carácter complementario o adicional que puede aplicar la Administración en función de las necesidades de cobertura del suministro y la propia evolución del sistema eléctrico, descarta la arbitrariedad de la supresión de este servicio. Este cambio no ha sido sorpresivo para los operadores, ni afecta a la seguridad del suministro eléctrico. Finalmente, descarta la vulneración del principio de confianza legítima.
Resumen: PRIMERO.- El sindicato ELA-STV plantea recurso de suplicación contra la sentencia que ha desestimado la demanda que formuló contra Novaltia, Sociedad Cooperativa por la modalidad procesal especial de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, por considerarse en la misma que no se ha vulnerado el derecho fundamental de huelga con ocasión del cumplimiento, por parte de la empresa demandada, la Orden de 17 de marzo de 2020, dictada por la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se fijaban los servicios esenciales para la comunidad en relación a la huelga observada en Bizkaia por el personal de la demandada.
Resumen: A la cuestión planteada en el recurso de casación preparado consistente en determinar cómo han de tributar por el Impuesto sobre Actividades Económicas las operaciones realizadas por las entidades cuyo objeto social no es la actividad financiera o bancaria y que, sin embargo, contractualmente, desarrollan actividades cuyo objeto es la promoción de los productos y servicios bancarios y financieros propios del banco poderdante, bien calificándolas como "meros servicios independientes prestados a las empresas" [epígrafe 849.9] o bien, "como otros servicios financieros" [epígrafe 831.9], en otras palabras, cuál es el factor determinante para una u otra calificación, bien la forma en que la actividad es realizada por la entidad no financiera (esto es, en calidad de agente o por intermediación de otra empresa) o, por el contrario, la naturaleza y carácter de los servicios instados, la Sala responde que tales operaciones han de tributar conforme a la naturaleza de los servicios instados, debiendo ser calificadas como "Otros servicios financieros" [epígrafe 831.9]. En consecuencia, el recurso de casación se desestima, toda vez que el criterio de la sentencia recurrida se ajusta a la interpretación que la Sala reputa correcta.
