Resumen: El recurrente cuestiona en este supuesto la legalidad de los actos de ejecución adoptados por la Administración con el fin de llevar a cabo su lanzamiento de un inmueble de carácter demanial que venía ocupando por el desempeño de funciones en las que había cesado ya. En concreto, impugna las multas coercitivas que, de manera periódica, le han sido impuestas para conseguir el desalojo, y para ello argumenta que no se han cumplido los presupuestos y formalidades a las que legalmente se condiciona el uso de este medio de ejecución. La sentencia, sin embargo, y tras analizar dichos argumentos, concluye que no solo el procedimiento de ejecución es el adecuado, sino que también se ha cumplido lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Patrimonio del Estado y, respecto a la cuantificación de la multa, que puede ascender hasta un 5% de los bienes ocupados, se han observado también las previsiones del art. 68.3 del Reglamento cuando dice que "Para la imposición de multas coercitivas, si no constara una tasación actualizada de los bienes ocupados, se podrá tomar como valor de referencia el que conste en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado o en los expedientes relacionados, o bien el valor catastral, si fuera superior".
Resumen: La cuestión litigiosa viene referida a la inclusión de los suplementos territoriales en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica. Reitera la Sala los pronunciamientos anteriores en relación con la impugnación de la Orden ETU/35/2017, cuyos motivos de impugnación son sustancialmente los mismos: En relación con el ámbito material de las actividades reguladas, la limitación de los suplementos territoriales a aquellos tributos o recargos autonómicos que gravan las actividades de suministro de energía eléctrica que son objeto de retribución regulada no contradice los pronunciamientos de condena a la Administración. En cuanto al ámbito temporal, la Sala considera ajustada a derecho la limitación al ejercicio 2013, pues la Orden se dicta en ejecución de pronunciamientos que anularon determinados preceptos de la Orden IET/221/2013, que se refería a tarifas, primas y peajes de acceso para el año 2013. Por último, en cuanto a la infracción del principio de proporcionalidad al haber tenido que realizar la entidad recurrente refacturaciones por la sucesión de órdenes ministeriales, la Sala concluye que la Orden recurrida -Orden ETU/66/2018- se limita a la determinación de los concretos tributos de las CCAA y al establecimiento de un mecanismo de recogida y tratamiento de informacion respecto de aquellas CCAA de las que no se contaba con información suficiente, sin que contenga regulación alguna relativa a la refacturación.
