Resumen: El trabajador recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social, que desestima su pretensión de extinción de su contrato de trabajo por modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, en la consideración de que el acuerdo de MSCT (que implementaba turnos de trabajo nuevos y modificación de horarios), no se había hecho efectivo en el departamento donde presta servicios al tiempo de la celebración del acto del juicio. La Sala de lo Social estima en parte el recurso, pues la circunstancia de que la empresa no haya hecho efectiva la medida modificativa acordada sobre el actor, no puede impedir que éste, por considerarse perjudicado, inste la extinción contractual conforme al art. 41.3 ET. Además, existe un perjuicio real para el trabajador (que puede ver sustancialmente alteradas sus condiciones de vida personal, social y familiar, máxime cuando acredita que es padre de dos hijos de 6 y 3 años) pues aunque la empresa no haya decidido todavía imponer de un modo efectivo las nuevas condiciones, el simple hecho de incorporarlas a la relación laboral, presupone un efectivo perjuicio, en cuanto que con ello se crea una situación de efectiva indefensión indefinida para el trabajador y perjudicial para él. No obstante, rechaza el reconocimiento de una indemnización adicional de un día de salario por cada día de retraso en el reconocimiento de la empresa de su derecho, por carecer de una fundamentación específica.
Resumen: La Sala confirma la sentencia del Juzgado que estimaba el recurso contencioso-administrativo presentado contra una resolución municipal que sancionaba con suspensión de funciones durante 10 meses a un Policía Local por la comisión de una falta muy grave, tipificada en el art. 7.d) de la LO 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo de Policía Nacional, al participar en los tratos degradantes o vejatorios esposando a don Felix sin motivo alguno mientras se encontraba en el Edificio de la Policía Municipal y presenciando impasible e indiferente las agresiones y vejaciones sufridas por aquél, anulando la resolución sancionadora. El fundamento de la sentencia se encuentra en que mediante una sentencia penal relativa a los mismos hechos, se declararon probados hechos que ponían de manifiesto la inexistencia de tales agresiones y vejaciones, dada la vinculación a la Administración de los hechos declarados probados en la citada sentencia. La sentencia penal absolutoria no bloquea las posteriores actuaciones administrativas sancionadoras, pero sus declaraciones sobre los hechos probados inciden necesariamente sobre la resolución administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77.4 de la Ley 39/2015. Ahora bien, esta vinculación fáctica, no impide lógicamente que los hechos puedan ser calificados diferentemente en el ámbito de la jurisdicción penal y en sede administrativa.
Resumen: PRIMERO.- POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE.
Resumen: La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón no admite a a trámite recurso de casación porque las razones por las que manifiesta la discrepancia de la parte con la sentencia recurrida hacen referencia a cuestiones que se refieren a la modificación de lo que la sentencia ha concluido como acreditado respecto de las circunstancias de hecho que están presentes en el procedimiento, de modo que pretende nueva valoración probatoria en sede de recurso de casación, cuando tal medio de impugnación, y a diferencia del recurso de apelación, queda limitado a cuestiones jurídicas, sin alcance a que se proceda a nueva consideración de los hechos acreditados.
