Resumen: Denegada en su día la medida cautelarísima que solicitó el sindicato demandante, la Sala resuelve, como Tribunal de instancia, una demanda planteada por un sindicato por la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales y dirigida contra Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, alegando que se ha atacado el derecho fundamental a la vida e integridad física de sus trabajadores, al no hacer una evaluación de riesgos laborales completa de todos sus empleados y trabajadores que valore las características de cada puesto de trabajo y trabajador. La Sala estima en parte la demanda y solo en relación al personal de dos concretos centros y servicios de la demandada, donde se constata que no se había practicado evaluación de puestos de trabajo considerando el concreto trabajador y el concreto puesto de trabajo, no obstante indicar que ha hecho un importante esfuerzo en tal sentido incluso antes de declararse el estado de alarma, con permanente seguimiento de las diversas vicisitudes. Vincula esta incumplimiento a aquellos derechos fundamentales, en cuanto que con ello se pone en grave e inminente riesgo la integridad física del personal afectado. Para la cuestión de fondo cita diversos precedentes propios. Desecha la excepción de incompetencia jurisdiccional. También entiende que el actor produjo una alteración sustancial de la demanda con las alegaciones nuevas vertidas en juicio, en cuanto que alguna de ellas suponía introducir un nuevo argumento de estimación de la demanda.
Resumen: La Sala no admite a trámite el recurso de casación que sostenía que el mero aumento de edad del menor no implica un cambio de circunstancias que permita modificar las medidas tomadas respecto de él. La sentencia concluye que el crecimiento vital afecta al desarrollo de su personalidad, a sus hábitos y costumbres, así como a sus posibilidades de relación social, todo lo cual implica un cambio cualitativo a considerar, a los efectos de aplicación de los preceptos citados, por lo que puede plantearse legítimamente un cambio del régimen de custodia, considerando siempre el superior interés de la menor.
