Resumen: A la cuestión con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia planteada en el auto de admisión responde la Sala que, anulada una sanción, la Administración tributaria puede, en ejecución de la resolución anulatoria, dictar otra nueva que sustituya a la anulada en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 66.2 del Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo (RGRVA), lo que aplicado al caso discutido supone la desestimación del recurso de casación. La Oficina de Relación con los Tribunales envió la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana de 20 de febrero de 2012 al órgano competente para la ejecución, en este caso, la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación de la AEAT de la Administración Tributaria (Valencia), que dictó el correspondiente acuerdo de ejecución dando de baja la sanción impuesta y anulada e imponiendo una nueva sanción por infracción tributaria leve (392.000 euros, con posibilidad de reducción del 30% por conformidad) cumpliendo las previsiones del artículo 66 RGRVA.
Resumen: Declara mal admitido el recurso de apelación ante la falta de consignación por el arrendatario apelante de las rentas debidas, entendiendo que este hecho se configura como un motivo de inadmisibilidad, ya que se trata de un defecto no subsanable que impide la admisión trámite del recurso, pudiendo únicamente subsanarse el defecto de no haber acreditado el pago o la consignación que, en todo caso, deben haberse realizado en el plazo para recurrir ya que dicha consignación no constituye un mero requisito formal sino una exigencia sustantiva o esencial, cuya finalidad es asegurar los intereses de quien ha obtenido una Sentencia favorable, debiendo interpretarse tal requisito, sin embargo, de una manera finalista o teleológica atendiendo tanto a la propia finalidad que con su imposición persigue el legislador, que no es otra que asegurar que el sistema de los recursos no sea utilizado como instrumento dilatorio.
Resumen: Las medidas sanitarias encuentran su justificación en el informe de situación epidemiológica emitido por la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. En la localidad afectada el riesgo de padecer COVID-19 entre los residentes ha sido claramente superior al riesgo global de los residentes en el conjunto de Extremadura. El porcentaje de casos en los que no se puede establecer una trazabilidad es elevado, lo que comporta un alto riesgo de transmisión comunitaria sostenida, siendo la tendencia esperada para los próximos días la del aumento, tanto de los casos como del riesgo de transmisión. Las medidas sanitarias solicitadas cumplen con los siguientes parámetros: 1. La existencia de un riesgo inminente y extraordinario que justifica la adopción de las mismas. 2. Las medidas han sido adoptadas por la Autoridad Sanitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 3. Las medidas se consideran urgentes y necesarias para la salud pública y son proporcionadas. El título legal que habilita a la Administración para adoptar estas medidas es el mismo sea en el espacio público o privado, y en cuanto a la limitación de más de diez personas en el espacio privado valoramos que resulta notorio que se están produciendo numerosos contagios en el espacio privado donde las medidas de precaución se relajan e incluso carecería de lógica que en el espacio público no puede haber reuniones de más de diez personas y ello fuera posible en el espacio privado.
