Resumen: La sentencia tras desestimar la alegación de caducidad del procedimiento de rectificación censal, puesto que no se inició de oficio sino a instancia de parte, acomete la resolución del motivo principal, tendente a impugnar la validez del procedimiento de comprobación limitada, por alegar el recurrente que la complejidad de la comprobación hubiera requerido el de inspección. Declara el Tribunal que en el procedimiento de comprobación limitada se examinó por la Administración los datos y antecedentes que tenía en su poder, entre ellos, los datos consignados en la solicitud de rectificación censal presentada por el recurrente. Datos que ponían de manifiesto que había diferencias con los datos consignados en las declaraciones que había presentado.
Resumen: Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Desestimación. La previsión reglamentaria prevista en el punto 4.1 del Anexo II del Reglamento de las Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (requisitos de formación exigibles para concurrir al examen para la obtención del certificado de competencia profesional para el transporte por carretera) no puede ser tachada de arbitraria, pues obedece a un interés legítimo encaminado a que los profesionales tengan un nivel adecuado de cualificación profesional, y no supone un trato discriminatorio para transportistas autónomos y pequeñas empresas de transporte, respecto de las grandes empresas, pues se trata de la imposición de un requisito uniforme aplicable a todas las personas que pretenden obtener una certificación de competencia profesional. Tampoco existe un trato discriminatorio respecto de aquellos transportistas procedentes de otros países de la Unión Europea, pues el sistema se basa en el reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos destinados a acreditar la cualificación profesional del transportista, que deben garantizar un nivel de formación equivalente, exigible en todos los Estados de la Unión Europea. Los requisitos que deben cumplir los gestores de transporte establecidos en el Real Decreto 70/2019, son compatibles con el Derecho de la Unión Europea.
Resumen: Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS a la acusada Guardia Civil DÑA. , por su participación directa y voluntaria en los hechos, como autora responsable de un delito de ABANDONO DE DESTINO previsto y penado en el artículo 56 del Código Penal Militar; a la pena de TRES MESES Y UN DÍA DE PRISIÓN con las accesorias de suspensión militar de empleo e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, cuya duración no le será de abono para el servicio; conforme a los artículos 15 del Código Penal Militar y 56 del Código Penal, respectivamente.
