Resumen: Estimación parcial del procedimiento para la protección de derechos fundamentales instado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra la inactividad del Ministerio de Sanidad por entender vulnerado el derecho fundamental a la integridad física -artículo 15 CE-, en lo referente al incumplimiento del art. 12.4 del Real Decreto 463/2020. No se dan los presupuestos que el artículo 29 LJCA requiere al recurso contra la inactividad de la Administración. CESM no presentó reclamación previa ni en el artículo 12.4 del Real Decreto 463/2020, se prevé una prestación concreta en favor de personas determinadas que se haya incumplido. CESM no ha acreditado que se haya producido una actuación concreta contraria al mentado artículo 12.4 que se haya traducido en lesión singular de derechos fundamentales de personas determinadas. Si bien para el TS las Administraciones debían proveer de medios de protección a los profesionales sanitarios y, en especial, el Ministerio de Sanidad a partir del 14 de marzo de 2020, los medios disponibles no fueron los suficientes en los momentos iniciales para proteger debidamente al personal sanitario afectando, por tanto, a sus derechos fundamentales. La incapacidad declarada se ha de predicar del Sistema Nacional de Salud en su conjunto y no sólo de la Administración Estatal o del Ministerio de Sanidad. Se desestiman las demás pretensiones, indicando que, en todo caso, ahora se deberá de dirigir a los Servicios de Salud de las CCAA.
Resumen: Conflicto Colectivo. SE pretende que la reducción de horas acordada por la empleadora como consecuencia de la disminución de usuario del servicio asistencia domicilio con motivo del COVID, sea considerada una MSCT nula o injustificada lo que se desestima. Permaneciendo inalterado el relato de hechos probados y no alegándose ningún otro motivo de impugnación de la sentencia recurrida, el recurso debe de ser desestimado con la consiguiente confirmación de aquella resolución, pues no corresponde a la Sala construir dicho recurso, so pena de infringir los principios de imparcialidad y equilibrio procesal de las partes.
Resumen: Recurso de queja. Falta de personación en forma. Archivo.
Resumen: El conflicto entre progenitores ha de calificarse como grave: bidireccional o bilateral, expresan reproches muy diversos el uno hacia el otro de forma constante, y esa situación ha sido percibida por la menor. En esta situación de enfrentamiento y grave tirantez la custodia compartida no sería sino una eventual nueva fuente de graves conflictos. Una guarda compartida puede poner en riesgo la frágil adaptación y estabilidad emocional de la menor, que por otra parte en este momento se halla contenta y adaptada. La sentencia recurrida ha atribuido el uso de la vivienda a la hija y la atribución del uso de la vivienda a la madre es indirecto. La atribución del uso de la vivienda no se puede limitar temporalmente, mientras la hija sea menor de edad. El hecho de que si ahora vive o no allí también la actual pareja de la madre es totalmente irrelevante.
Resumen: Nuestro derecho civil se basa en el principio de libertad de testar. El testador puede disponer libremente de sus bienes (con las limitaciones establecidas en la Ley, por ejemplo, la legítima) y los tribunales no pueden juzgar esa libertad testamentaria, excepto cuando haya existido engaño, violencia o intimidación grave. La prueba de la manipulación corresponde a quien la alega, en este caso a la parte demandante y no ha presentado ninguna prueba, toda la argumentación de la parte actora se basa en simples conjeturas. Se acredita una mala relación del testador con el actor, pero no se acredita que el testamento haya sido obtenido porque el demandado haya manipulado la voluntad del testador. No se puede analizar el posible desequilibrio de las atribuciones patrimoniales entre los hijos. La pretensión principal de nulidad del testamento ha sido totalmente desestimada y, en relación a la acción subsidiaria, existe allanamiento y, por tanto, no se imponen las costas.
