Resumen: DETERMINACIÓN DE CONTINGENCIA DE IT. COVID-19. FALTA DE CONTRADICCIÓN
Resumen: Desestima el recurso contra la sentencia que estima la demanda y declara haber lugar al desahucio por expiración del plazo, denegando la suspensión del lanzamiento solicitada por el arrendatario. Recuerda que la posibilidad de instar el incidente extraordinario por la situación de vulnerabilidad del arrendatario se desconecta, en las sucesivas reformas legales, de su relación causal con las consecuencias de la pandemia de COVID 19, centrándose en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva, facultad que se ofrece en todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de renta o cantidades debidas por el arrendatario, o la expiración del plazo de duración de contratos. Por ello, la decisión de desestimar la petición de prórroga de la suspensión del procedimiento sin dictado de sentencia, debe ser mantenida aunque sea por una razón distinta. En efecto, afirma que la Constitución no reconoce un derecho subjetivo al acceso a la vivienda que faculte a los tribunales a legitimar una actuación por las vías de hecho como la llevada a cabo por la demandada, de manera que la suspensión del lanzamiento solo puede acordarse una vez que el mismo haya sido decretado sin que la normativa protectora de los referidos colectivos no impide que se dicte la correspondiente resolución judicial, sin perjuicio del derecho de volver a instar la suspensión en ejecución de sentencia.
Resumen: La cuestión debatida consiste en determinar si la actora, que presta servicios como experta docente en centro penitenciario y que vio suspendido su contrato por fuerza mayor como consecuencia del estado de alarma derivado del Covid 19, tiene a la prestación de desempleo. El SEPE declaró la percepción indebida de prestaciones desde el 13 de marzo al 30 de mayo de 2020. La Sala IV desestima el recurso por falta de contradicción entre las sentencias comparadas. En concreto, en la sentencia recurrida consta que el SEPE reconoció la prestación por desempleo y después declaró que su percepción era indebida, mientras que en la sentencia de contraste no consta tal reconocimiento por el SEPE, por lo que no consta que declarara la percepción indebida de prestaciones.
Resumen: DESEMPLEO Y ERTE COVID. CÓMPUTO COMO PERIODO DE OCUPACIÓN COTIZADA DEL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO A EFECTOS DE FIJAR LA DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN.
Resumen: En la sentencia comentada la Sala IV aprecia de oficio la inadecuación del procedimiento de conflicto colectivo para encauzar la pretensión rectora de las actuaciones. En la demanda rectora de las actuaciones los sindicatos actores instan la declaración de que el tiempo dedicado por los trabajadores a la realización de cursos obligatorios, con independencia de que se impartan de forma presencial, semipresencial o virtual, debe ser considerado como tiempo de trabajo al 100%. El convenio colectivo para el personal laboral de la CAM años 2021-2024 en su art.96 regula la formación del personal, distinguiendo entre cursos presenciales, semipresenciales, virtuales, de perfeccionamiento, de actualización, de readaptación y de carácter obligatorio, computando en unos casos como tiempo de trabajo al 40% y en otros al 100%. A pesar de que no ha sido planteado por ninguna de las partes, la Sala IV aborda de oficio la idoneidad del procedimiento de conflicto colectivo para encauzar la pretensión, concluyendo que tal vía procesal es inadecuada porque, aunque en demanda no se insta la nulidad parcial del convenio, el art. 96 contiene una distinción entre los distintos cursos de formación, por lo que la pretensión de que todos los cursos obligatorios, incluso los virtuales, se computen como tiempo de trabajo al 100% sólo es posble mediante la declaración de nulidad de la norma paccionada, lo que sólo es viable a través de la modalidad procesal de impugnación de convenio.
