Resumen: Formulada demanda por la Comunidad de Propietarios (CP), dos propietarios de viviendas y dos poseedores frente a la propietaria de varias viviendas, en la que postulan indemnización de daños y perjuicios (depreciación de valor y perjuicio de la convivencia) por la falta de diligencia en la conservación de las viviendas que fueron ocupadas ilegalmente, restitución del edificio y de las viviendas de la demandada a un buen estado de conservación, la sentencia de primer grado desestima la demanda. La sentencia de apelación, que la confirma, aprecia así mismo falta de legitimación activa de la CP por falta de acuerdo de la Junta que autorice expresamente al Presidente para el ejercicio de acciones judiciales y señala que la facultad del Presidente de representar a la comunidad judicialmente no es una facultad para decidir si se interpone un pleito; también considera que las acciones de responsabilidad extracontractual entabladas por los propietarios de viviendas están prescritas al entender que los daños producidos son permanentes, no continuados y que prescripción no se ha interrumpido pues la interrupción requiere que la voluntad se exteriorice por un medio hábil, de forma adecuada, que trascienda del titular del derecho, de forma que se identifique el derecho que se pretende conservar, la persona frente a la que se pretende hacerlo valer y que la voluntad conservativa llegue a conocimiento del deudor, lo que no se produce con una denuncia administrativa.
