Resumen: La Audiencia considera que en un procedimiento de fijación de rentas en aplicación de la cláusula rebus sic stantibus relativa a un local destinado a la restauración y hostelería es procedente no poner costas al arrendador, porque, aunque considera que no existen dudas de hecho, sí las hay de derecho, en atención a la proliferación de normas al respecto. Con independencia de la voluntad o no de negociar por parte del arrendador, las dudas de derecho seguirían existiendo.
Resumen: La Sala reproduce la STS 1032/2024, de 11 de junio (RCA 6896/2022) recaída en supuesto idéntico, que a su vez reitera doctrina precedente sobre requisitos de procedimiento de elaboración de disposiciones generales (por todas, STS de 29 de junio de 2020 -RCA 113/2019-), señalando que la disposición anulada por la sentencia aquí recurrida -Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León-, se enmarca en el artículo 40 de la Ley autonómica 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, que ciertamente impone a los municipios una serie de cargas respecto de la organización del servicio público en cuestión. Responde entonces a la cuestión de interés casacional planteada expresando que, suscitado el debate en el ámbito meramente formal denunciado en el recurso y teniendo en cuenta que la norma reglamentaria impugnada afecta a las Administraciones locales, debe extremarse la exigencia de la memoria económica, debiendo estimarse cumplimentada la exigencia cuando en el procedimiento de aprobación de la norma reglamentaria autonómica se elabora una memoria económica con la previsión de los gastos que comporta y los medios para su financiación por la Administración que aprueba la norma, por más que se deje al criterio de la soberana decisión de las corporaciones municipales asumir el cumplimiento de la norma reglamentaria con la aceptación de dicha financiación.
