Resumen: La legitimación para el ejercicio de las acciones sustentadas en un título valor corresponde a su tenedor legítimo. La oposición sustentada en el contrato causal impone al deudor la carga de acreditar los hechos en que se funda y en este caso consta que el pagaré incorporó la suma adeudada por el firmante como consecuencia del incumplimiento de un contrato de préstamo y del impago de facturas por suministros en el marco de la relación que mantuvieron las partes. La alegación de fuerza mayor por el cierre forzoso de la hostelería como consecuencia del estado de alarma no puede ser siquiera considerada cuando, como es el caso, consta que el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato casual es anterior en varios meses al inicio de la epidemia.
Resumen: La Sentencia de instancia concede la tarjeta porque la Administración no ha valorado si en el presente caso si se produce una situación específica de dependencia. El solicitante sería un menor de edad argelino, respecto del cual una nacional española diría asumir su representación legal por medio de una kafala. La Administración habría denegado la tarjeta de residencia solicitada, dado que se entendió que no se habría acreditado que la ciudadana española ostentara la representación del menor. Tampoco constaría la existencia de una adopción que estableciera una relación de parentesco entre ambos sujetos. Igualmente, se entendió que la reagrupante carecía de recursos suficientes para sí y para el menor que evitaran que este pueda convertirse en una carga para la asistencia social española. Tampoco dispondría de un contrato de seguro de enfermedad que cubriera todos los riesgos médicos. En la sentencia se dice que la administración habría pasado por alto que la apelante sería tía del menor, dado que ella y el padre de este serían hermanos, por lo que siendo de aplicación la ley de la nacionalidad, tendría poder de representación. La Sala indica que la administración no ha valorado esta relación de dependencia estando obligada a ello, por lo que confirma la concesión de la tarjeta.
Resumen: La sentencia de instancia estima la reclamación de la promotora frente al suministrador y ejecutante del solado en una obra constructiva de viviendas. El primer motivo de recurso relativo a la prescripción se rechaza, pues es dudoso que la acción pueda calificarse como de repetición del art. 18.2 LOE, no estaría prescrita pues hasta el pago de la última factura de reparación no se consuma y consolida la identificación del perjuicio indemnizado extrajudicialmente, y en cualquier caso, la reclamación encontraría sustento en la acción general del art. 1101 CC. El segundo motivo se desestima, ya que la recepción y pago de las obras, no es un hecho concluyente como acto propio, pues cuando conoció los defectos por comunicación de los compradores, el promotor instó la intervención de la demandada para solucionar los problemas advertidos y formuló diversas reclamaciones. Finalmente desestima al recurso porque se constata un defectuoso cumplimiento de la obligación a la que se comprometió la demandada, por mala ejecución de la prestación comprometida, que no consistía solamente en suministrar y ejecutar la obra, sino en hacerlo correctamente alcanzando la cota mínima de calidad marcada por la promotora, por lo que no existe error en la valoración de la prueba.
