Resumen: Recurre la Mutua demandada su condena al abono de la prestación extraordinaria por cese de actividad al considerar que la misma (como abogado por cuenta propia, específicamente regulada por la normativa) no había sido directamente suspendida por el Estado de Alarma derivado del COVID-19 (sin perjuicio del derecho a solicitar la contemplada por reducción de facturación por esta misma causa). Tras remitirse a los requisitos exigidos por la Norma para el devengo de la prestación (afiliación y alta al momento de la declaración y que se acredite una disminución en la facturación al menos de un 75% cuando la actividad no haya sido suspendida) y tras aludir a la hermenéutica finalista de la misma (cual es la de limitar la libertad de circulación de las personas) y su proyección sobre los términos e interrupción de plazos en el ámbito procesal y administrativo, se advierte por la Sala como el RD contemplaba varios tipos de situaciones, advirtiendo que la actividad judicial continuó desarrollándose y precisando del ejercicio e intervención de todos sus operadores. Partiendo de su naturaleza excepcional y restrictiva considera el Tribunal que el listado de actividades que fueron objeto de suspensión no puede ser considerado como orientativo y siendo así además que en el ámbito de la administración de justicia su personal continuaría atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas por el RD, se viene a concluir que la actividad del actor no resulta incardinable en el mismo.
