Resumen: No es posible que una Administración Pública invoque causas productivas para extinguir el contrato de trabajo del personal laboral, al no tener la naturaleza de una empresa, y menos privada, que tenga como fin colocar productos en el mercado. El despido sin causa aunque haya tenido lugar en el ámbito del marco de la pandemia COVID debe ser calificado de improcedente. La obligación de readmisión contemplada en el artículo 96.2 del Estatuto Básico del Empleado Público se genera únicamente en los supuestos de despido improcedente disciplinario, no en supuestos en el que la causa del cese es completamente ajena a una sanción disciplinaria.
Resumen: Conflicto colectivo. Modificación sustancial de condiciones de trabajo, inaplicación de convenio y negociación simultanea de la recuperación del permiso retribuido recuperable obligatorio. Las medidas adoptadas en el acuerdo son: recuperación de horas. Jornada de 1826 horas y posibilidad de distribución irregular. Recuperación desde la fecha del acuerdo a 30-6-2022. La AN estima la demanda y anula y deja sin efecto el acuerdo. Atendiendo al objeto pretendido-la recuperación de horas no trabajadas pero abonadas durante el estado de alarma-sin haber acudido al procedimiento de suspensión de contratos, se considera que el acuerdo alcanzado con el sindicato mayoritario es en fraude de ley porque su objetivo no descansa en resolver una causa ETOP preexistente a la negociación. Además , se estima vulnerado el principio de correspondencia al negociar unitariamente el descuelgue de veintinueve convenios y también incurre en fraude de Ley cuando se pretende que lo acordado supere el plazo de vigencia de los convenios descolgados.
Resumen: Impugnación de actos administrativos. La Dirección General de Trabajo rechaza el ERTE presentado por fuerza mayor. La AN estima que resulta ajustada a derecho la Resolución administrativa que declaró no constatada la existencia de Fuerza Mayor en empresa dedicada a limpieza de edificios y locales, prestando servicios para gran numero de clientes. No se acredita que la actividad de la empresa se encuentre entre las afectadas por las medidas de contención contempladas en el articulado y en el anexo del RD 463/2020, de 14 de marzo , modificado por RD 465/2020, de 17 de marzo. La empresa no acredita que el cierre de las instalaciones de los clientes obedezca a causa de fuerza mayor, siendo evidente que muchos de ellos no se han visto afectados por las prohibiciones previstas en el Real Decreto 463/2020. No siendo suficiente a los efectos de su calificación como determinantes de una situación de fuerza mayor las referencias a la pérdida de clientela por suspensión del contrato mercantil, u otras razones similares que necesariamente han de ser reconducidas a las causas técnicas, organizativas o de producción definidas legalmente.
Resumen: En la demanda se solicita que la negativa de la Mancomunidad demandada al crédito horario solicitado por el representante sindical en una fecha en la que se encuentra vigente el estado de alarma supone una vulneración de su derecho de libertad sindical. La sentencia del Juzgado de lo Social estima la demanda condenando al pago de una indemnización. La Sala, al analizar el recurso de suplicación de la Mancomunidad demandante, concluye que la vigencia del estado de alarma no es obstáculo a la utilización del crédito horario, con lo que confirma la sentencia recurrida.
