Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución que establece el uso obligatorio de la mascarilla siempre que se prevean situaciones que no permitan mantener una distancia de 1,5 metros entre personas durante la pandemia del Covid 19 así como la que establece el uso generalizado y obligatorio de la mascarilla para todo el alumnado desde primaria, y la recomendación para el alumnado de 3 a 6 años. Los informes periciales aportados sobre los posibles perjuicios alegados sobre la salud no justifican la anulación de la obligatoriedad del uso de mascarillas, por lo genérico en su exposición, y porque la procedencia del uso de mascarilla como forma de prevención de la transmisión de covid-19, ha quedado acreditada según se ha ido conociendo la forma de transmisión y comportamiento de covid-19. En las recomendaciones de la OMS se concluye que las mascarillas deben utilizarse como una parte de una estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión y salvar vidas. El uso de mascarilla se ha descubierto como una medida eficaz en la lucha de la pandemia, tal y como se plasma por la información científica-técnica que fundamenta la orden comunicada del Ministerio de Sanidad.
Resumen: Los actores, miembros de la Comisión representativa designada para la negociación del ERTE promovido por la empresa Abengoa Agua, S.A. con arreglo al art. 23 del RD Ley 8/2.020 presentaron demanda de conflicto colectivo. La sentencia recurrida dictada por la AN acoge la excepción de caducidad de la acción invocada por la empresa, y desestima la demanda sin entrar a conocer del fondo del asunto. El recurso de casación unificadora tiene por objeto determinar si lo dispuesto en el RD 463/ 2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, comporta el efecto jurídico de suspender el plazo de caducidad para impugnar judicialmente el ERTE promovido. La Sala IV declara que conforme a lo establecido en la DA 4ª del RD 463/2020, el plazo de caducidad ha quedado suspendido desde la declaración del estado de alarma hasta el 4/06/2020. La notificación de la decisión empresarial a la comisión representativa se produce el 17/04/2020, por lo que el plazo de caducidad para su impugnación se encontraba suspendido y no se habría reanudado hasta el 4/06/2020, habiéndose ejercitado la acción en plazo con la interposición de la demanda el 21/05/2020, antes incluso del momento en el que se ha levantado la suspensión. La acción se ha ejercitado en plazo. No es de aplicación la disposición adicional 2ª de ese mismos RD relativa a la suspensión de los plazos procesales. Se revoca la sentencia de instancia.
