Resumen: La demandante viene prestando sus servicios para la demandada recurrente como Abogada sujeta a la citada relación laboral especial, es despedida imputándosela desobediencia por no acudir los dias indicados a realizar las pruebas del COVID - 19 en el laboratorio que se le indicaba en Madrid, la demandante que residía en Valladolid comunicó a la empleadora que realizaría las pruebas en el mismo laboratorio en Valladolid antes de incorporarse al trabajo , pruebas que realizó. Por el Juzgado de lo Social se estima la demanda y se declara el despido improcedente, se interpone recurso de Suplicación por la empleadora y se desestima por la Sala. Se argumenta por la Sala que la actora en ningún caso puso en riesgo a la plantilla ni tampoco su salud al haber realizado las pruebas y no haberse negado a que las misma se le practicaran . Y si bien es cierto que desobedeció una orden como es la de realizar las pruebas en un determinado laboratorio en la ciudad de Madrid, distinta a la que estaba residiendo, tal desobediencia no tiene la gravedad suficiente como para ser merecedora de la sanción de despido, aplicando la Sala la Teoría Gradualista.
Resumen: OHL SERVICIOS-INGESAN SA presta el Servicio de Ayuda a Domicilio en para el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) en virtud de una concesión de servicios. La Sala sostiene que la actividad desarrollada por la empresa quedó expresamente exceptuada de la limitación de la libertad de circulación de las personas y se consideró como esencial en el RD 463/2020 que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, no dejándose de prestarse durante el estado de alarma, aunque se redujera por la demanda de usuarios y al ser un servicio esencial y no concurrir los requisitos del art 22 del RD-Ley 8/2020 no se pudo acoger a un ERTE por fuerza mayor y no tenía que acudir a un ERTE por causas objetivas al estar vigente el régimen pactado -Convenio del Sector de Ayuda a Domicilio de la CAM y Acuerdo de 12.12.19 ante el Instituto laboral de la CAM entre la empresa y la RLT- sobre regularización de la jornada laboral máxima, medida de flexibilidad menos gravosa para el personal que un ERTE, que no quedó afectada por la normativa para gestionar la COVID-19 y entiende que tampoco podía acogerse a las medidas de restablecimiento del equilibrio económico del contrato público celebrado con el Ayuntamiento, pues el RD-Ley 8/2010 por no concurrir los requisitos que prevé la norma y tratarse de un servicio esencial, concluyendo que al mantenerse el servicio y abonarse el salario correspondiente se podía acoger al régimen convencional.
Resumen: La modalidad procesal de impugnación de actos administrativos en materia laboral -expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor-, desestimó en su integridad la demandaPor ello, no queda justificada la concurrencia de fuerza mayor, en el presente caso, debiendo por ello desestimar la demanda; pues ni por razón de la actividad, ni por razón de la limitación de movilidad está justificada por fuerza mayor la suspensión de los contratos de las dos trabajadoras de servicios auxiliares (secretaria y limpiadora del bufete), debiendo haberse promovido en otro caso la suspensión por causas productivas, en el supuesto de existir una drástica reducción de la actividad.En el presente caso la empleadora demandante se dedica a la actividad de asesoría legal en materia laboral -bufete de abogados laboralistas-. De manera que, al tratarse de una actividad que no ha sido suspendida y que a tenor del RD , continúa desempeñándose en todos aquellas actuaciones urgentes no solo ante los Tribunales sin en el ámbito administrativo, hay que descartar de la concurrencia de fuerza mayor
