Resumen: Apela la sentencia del Juzgado de lo Penal los acusados por delito de atentado en concurso ideal con varios delito de lesiones (uno de ellos fue también condenado por un delito de robo intentado con violencia). La AP estima parcialmente su recurso. Se rechaza la invocación de la vulneración de la presunción de inocencia y el error en la valoración de las pruebas, que incluyó la de las declaraciones de los acusados en la fase instructora. Fueron correctamente valoradas por el juzgador, que en su sentencia razona adecuadamente su convicción de condena, descartándose la tasa que se hace de la tasación pericial del valor de los efectos, así como el cuestionamiento de la identificación del acusado y de las declaraciones testificales de cargo. No puede degradarse el delito de robo a mero hurto puesto que quedó claro el empleo de violencia e intimidación, sin que tampoco quepa apreciar el subtipo atenuado de robo. En cuanto al delito de atentado quedó demostrado la actuación conjunta de los acusados para impedir la detención de uno de ellos, constando que acometieron y agredieron a los agentes causando lesiones. Aunque se rechazan las atenuantes solicitada de alteración mental y dilaciones indebidas, al considerarse no motivada la en pena impuesta la AP opta por imponer la pena de prisión en su mínima extensión.
Resumen: Tutela de derechos fundamentales. Crédito horario. Convenio colectivo estatal de seguridad privada. El convenio sectorial de aplicación reconoce que el crédito horario le será adjudicado al trabajador o trabajadores que designe la central sindical beneficiaria. El sindicato, conocedor de sus derechos hizo uso del crédito sindical en los términos previstos en el artículo 78 del convenio, y, si bien la empresa no concedió expresamente el permiso, lo cierto es que el propio sindicato dejó claro que iba a hacer uso del derecho como efectivamente así fue, ya que los dos representantes designados por el sindicato asistieron a las elecciones, disfrutaron del permiso retribuido y percibieron íntegramente la retribución en el mes de marzo, de todo ello se deduce que, en definitiva, la actuación de la empresa no infringe los derechos de libertad sindical del sindicato demandante, ni cualquiera otro de los derechos fundamentales o libertades públicas protegibles por la vía del procedimiento especial utilizado ,al que se impone una multa por temeridad.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia estima el recurso empresarial contra la sentencia que declaró nulo el despido disciplinario del demandante, alegándose en la carta de despido impuntualidades y consumo de productos de la empresa sin autorización. La empresa había reconocido la improcedencia del despido, no pretendiendo probar la causa de imputación contenida en la carta de despido, alegando que, en realidad, el despido del demandante y otros nueve trabajadores tuvo por causa la crítica situación de pérdida de ventas que produjo el inicio de la pandemia COVID 19. La Juzgadora estimó la nulidad del despido, considerando el argumento del demandante, según el cuál, ese despido fue reacción a la futura paternidad del demandante en unos cinco meses desde la fecha de la comunicación, lo que relacionaba con la intención de disfrutar en el futuro los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar. La Sala, tras admitir una reforma fáctica dirigida a indicar la existencia de esos otros nueve despidos de la misma fecha y por similares causas, asume las tesis empresariales, descartando la finalidad represora del ejercicio de los futuros derechos laborales del demandante como padre, advirtiendo que la paternidad no tiene la protección reforzada de la maternidad frente al despido ni puede considerarse un colectivo discriminado históricamente el colectivo de los padres trabajadores. Considera que el despido por causas económicas en tiempo COVID da lugar a improcedencia.
