Resumen: Recurre la empresa su condena a las consecuencias económicas por despido improcedente que la sentencia fija en función del mayor perjuicio que se dice irrogado al trabajador y que excede de la indemnización legalmente tasada; fundamentándola en su finalidad disuasoria atendido el exiguo importe de la normada y el carácter ficticio de la causa habitualmente invocada por el empleador. Tras aludir al mandato del Convenio 158 de la OIT (indemnización adecuada) y para evitar cualquier atisbo de arbitrariedad sobre la posibilidad de ampliación de la legal o sobre la concreta fijación de su quantum el petitum habría de concretar los daños y perjuicios a compensar y la prueba contradictoria del mismo. Tras analizarse (por razones de seguridad jurídica) el concurso de los requisitos que habrían de condicionarla (notoria insuficiencia e ilegalidad de la decisión empresarial) se advierte (desde la condicionante dimensión del relato fáctico) la existencia de este último pero no así del primero ( en proporcional relación con la indemnización solicitada de 25.000 euros) pues no se aprecian los concretos daños y perjuicios invocados en demanda. La insuficiencia indemnizatoria judicialmente apreciada sólo se justifica por su finalidad disuasiva pero no resarcitoria, lo que impide considerar la existencia de una situación excepcional que justifique la aplicación del control de convencionalidad que impone aquel Convenio y (con ello) una indemnización superior más adecuada a la que fija el ET
Resumen: PRIMERO.- Recurre en suplicación el Sr. Matías la sentencia del Juzgado de lo Social que ha desestimado su demanda, declarando procedente su despido por causas objetivas -organizativa- acordado por la demandada TECUNI SAU (en adelante TECUNI), comunicado al demandante el 23/7/2020.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia estima en parte el recurso de la demandante contra la sentencia que considera despido improcedente el cese por fin de contrato temporal que la empresa acordó el 20 de marzo de 2020. La estimación del recurso afecta a la categoría profesional y salario regulador del despido. La Sala considera que, remitiéndose el convenio colectivo a la antigua Ordenanza del sector, la categoría de ayudante de dependiente se atribuía a persona de 22 años de edad o menor, habiendo sobrepasado esa edad la demandante tanto al tiempo de su inicial contratación como del despido. Por ello se le atribuye categoría de dependiente y el salario regulador del despido se fija con base al previsto en el convenio colectivo provincial para esa categoría. En consecuencia, el fallo da nueva opción al empresario para que opte entre indemnizar o readmitir con abono de salarios de tramitación. Por otra parte, la nulidad de pretende al vincular el cese con la situación pandémica. La Sala considera que la fecha del despido es previa a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2020 en que se apoya la recurrente, que en realidad no se sabe la causa de ese cese, que no se puede solo vincular a la pandemia porque se produzca luego del 14 de marzo de 2020 y siguiendo precedentes previos, descarta la nulidad del despido y aplica el principio general de la improcedencia fijado para el despido sin causa o en fraude de ley.
Resumen: 1. Normativa y criterios interpretativos aplicables
Resumen: 1. Normativa y criterios interpretativos aplicables
