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Resumen: Se cuestiona en el proceso una resolución que estima una reclamación contra una liquidación por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La caducidad opera ope legis y dicha caducidad en el presente caso, se produjo del procedimiento iniciado por declaración, pero la Administración no notificó expresamente la caducidad, declaración expresa que exige la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, siendo la consecuencia de tal incumplimiento, que las actuaciones realizadas con posterioridad se entienden practicadas en el seno del mismo procedimiento caducado y por tanto sin capacidad interruptiva de la prescripción. La caducidad no es sino uno de los efectos que el paso del tiempo tiene sobre los procedimientos administrativos. Las Administraciones públicas, en cuanto que personas jurídicas, están necesitadas de configurar su voluntad de manera compleja con una serie de actos de las personas físicas por las que actúan, integradas en los órganos administrativos. Para ello se exigen una serie de formalidades legalmente establecidas, que integran el procedimiento administrativo, que constituye, una exigencia básica en dicha actuación de las Administraciones. La caducidad comporta una causa de terminación de los procedimientos, pero no genera, por sí misma, dicha terminación, porque requiere una resolución expresa que la declare, pudiendo incluso la Administración, pese a concurrir el presupuesto de hecho, que es objetivo, rechazarla en supuestos excepcionales. Desestimación del recurso.
