Resumen: SUSPENSIÓN CONTRATOS y REDUCCIÓN JORNADA POR FUERZA MAYOR (COVID-19):se reclama nulidad por vulneración del DDFF a la libertad sindical por no concurrir fuerza mayor y no haberse tramitado el ERTE por causas ETOP. La sentencia de la Audiencia Nacional, tras estimar la excepción de variación sustancial de la demanda y rechazar el resto de las excepciones planteadas, desestima la petición de nulidad por vulneración del derecho a la libertad sindical, alegando que al no haberse recurrido la resolución administrativa que constata la fuerza mayor por vía del art. 151 LRJS, no era necesaria abrir un periodo de consultas ni negociar con el sindicato demandante ni por tanto la modalidad procesal del Conflicto Colectivo era la adecuada. El recurso de casación es igualmente rechazado. Se considera ajustada a derecho la estimación de la excepción de variación sustancial de la demanda por introducir cuestiones que afectan a la ejecución de la resolución administrativa que no constaban en la demanda. Se desestima la revisión fáctica. E inalterado el relato fáctico, también se rechazan que el ERTE vulnere el derecho a la libre sindicación o a la negociación colectiva.
Resumen: El día 2 de mazo de 2020 las partes suscriben un contrato de trabajo indefinido a tiempo completo, fijándose un periodo de prueba de dos meses. el día 11 de marzo de ese año, la empresa desiste de tal contrato por no superación del periodo de prueba. Impugnado tal cese por considerarlo ilegal, el Juzgado desestima la demanda por despido. El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso del trabajador contra tal sentencia. En primer lugar, pretende añadir la fecha en que se decretó el estado de alarma, lo que la Sala rechaza por entender que no cabe accedan a los hechos probados normas como aquélla que lo decretó y ello luego de explicar los requisitos que la Ley fija para estimar este tipo de motivos. Seguidamente considera que el enlace que hace el demandante de aquel desistimiento y que su causa fuese el estado de alarma, aunque no es expresamente contradicho, se considera por la Sala que es insuficiente como para calificar como ilegal aquella decisión empresarial. La Sala explica los contornos del periodo de prueba y las opciones legítimas que tienen las partes contratantes durante el mismo y entiende que no se superan en este caso, ya que el estado de alarma se decretó posteriormente y tanto la normativa protectora del empleo surgida al calor de la pandemia es de fecha posterior, como es también la que regula el desempleo por causa COVID, bien que beneficia al demandante, al entrar en vigor esta última el día 9 de marzo de 2020.
