Resumen: Recurre la empresa su condena por despido improcedente (por haberse judicialmente considerado que las ausencias imputadas al trabajador se justifican por la emergencia sanitaria ex COVID-19) desde la condicionante dimensión jurídica que ofrece el inalterado relato judicial de los hechos (al fracasar su revisión, atendiendo tanto al carácter extraordinario del recurso como a la facultad que la norma atribuye al Juzgador en la valoración de la prueba). Tras recordar los principios informadores del despido disciplinario (bajo la exigible nota de la gravedad y trascendencia del incumplimiento contractual que se imputa), examina la Sala el singular tipo infractor referido a las ausencias justificadas al trabajo, advirtiendo (en armonía con lo decidido en la instancia) que la ausencia del actor se encontraba justificada en la imposibilidad de regresar de su país de origen al haberse acreditado el cierre de fronteras por razón de la pandemia. Y si bien la Orden excluía de la prohibición a residentes de la UE que se dirigieran a su lugar de residencia y titulares de un visado de larga duración expedido por un Estado miembro, lo que no se aseguraba era un medio de transporte para volver a España, constando acreditado que la Embajada en Marruecos inició los trámites para fletar vuelos que permitieran el regreso a España y que el actor solicitó a través de un e-mail un vuelo en el que no consta hubiera obtenido plaza.
