Resumen: Fijado por la sentencia de divorcio un régimen restrictivo de visitas a favor del padre respecto a los dos hijos menores de 16 y 14 años de edad, no se amplia dadas las razones justificadas expuestas y madurez de los dos menores en la reticencia de mantener contacto con su padre. Se incrementa la cuantía de la pensión de alimentos para cada hijo pues la otorgada es significativa de un mínimo vital que no resulta proporcional a la situación económica de los progenitores. Atendido que la esposa es licenciada en Económicas con ingresos periódicos, pero no mensuales, propietaria en exclusiva de una vivienda por la que percibe rentas y se le ha adjudicado el uso de la vivienda familiar propiedad exclusiva del esposo, no es procedente otorgar pensión compensatoria, dado no concurrir desequilibrio económico, más cuando denegada por la sentencia, no fue recurrida y solo ante el recurso de apelación de la otra parte solicita su otorgamiento.
Resumen: Considera el recurso que no se ha tenido en cuenta que el trabajador tiene un retraso mental que le impide ser consciente del riesgo que entraña el descuido a la hora de la utilización de la mascarilla. Sin embargo, el actor presenta una discapacidad del 67%, de la cual, y a los efectos que aquí pueden ser relevantes, un 40% lo es por retraso mental ligero de etiología no filiada. El actor es perfecto conocedor de las normas de seguridad del centro, ya que se le ha informado, igual que a sus compañeros/as, en varias ocasiones de otras medidas preventivas contra la COVID-19. Y, por último, el referido retraso mental ligero no le impide al hoy recurrente ser consciente de la obligatoriedad de cumplir con las normas de seguridad, no habiéndose aportado prueba alguna por su parte en sentido contrario; no estando tampoco eximido por su discapacidad de la obligación de llevar mascarilla por aplicación de lo dispuesto en la Orden SND/422/2020. En definitiva, el recurrente, teniendo el debido conocimiento de sus responsabilidades en materia de prevención, incumplió la obligación de utilizar la mascarilla sin estar exento de su utilización por lo que la sanción impuesta por la empresa motivada por el incumplimiento por el el trabajador de sus obligaciones preventivas resulta procedente por estar debidamente tipificado en el artículo 65.e) del XV Convenio Colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
Resumen: Se confirma por esta sentencia el Auto del Juzgado de la instancia que acuerda denegar la medida cautelar de suspensión de la orden de expulsión adoptada por la Administración y ello al entender que no se acredita de forma adecuada la existencia de perjuicios para el recurrente que pudieran derivarse de la ejecución del acto impugnado, fijándose especialmente en el eventual arraigo que pudiere tener el recurrente en nuestro país, y ello considerando que el mismo no existe al no acreditar el arraigo que invoca.
