Resumen: Se reclama el pago de costes de cobro, el principal, los intereses de demora y los intereses del artículo 1109 del Código Civil. En primer lugar, se reconoce en conclusiones que se ha abonado el total del principal reclamado, que queda fuera de discusión. La cantidad que se reclamaba en la demandada de principal era de 5.587,84 euros, cifra coincidente con la admitida por la Administración. Además el Abogado del Estado se ha allanado parcialmente a la demanda, habiendo manifestado su conformidad al mismo la parte recurrente. No hay ninguna controversia respecto al reconocimiento del derecho al cobro de los intereses de demora, conforme al artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La discusión queda reducida al cálculo de los intereses de demora del resto de facturas presentadas no incluidas en el allanamiento. La sentencia establece los elementos que deben quedar acreditados, y concluye que no se ha probado fehacientemente en todos los casos que haya transcurrido el plazo legal de 60 dias para que la Administración haya incurrido en mora, siendo así que incumbe a la recurrente la carga de la prueba. Se estima parcialmente la pretensión correspondiente. En cuanto al anatocismo, se desestima por la contradicción sobre los elementos a tomar en cuenta para calcular el importe de los intereses de demora.
Resumen: La Sala, rechazando la inadmisibilidad, estima el recurso interpuesto por la asociación de hostelería frente a la actualización de medidas específicas de prevención en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Las medidas restrictivas adoptadas, consistentes en limitar el consumo en el interior de los establecimientos a las franjas horarias entre 6:30 y 9:30 horas y 13:00 y 16:30 horas, estando prohibido el resto del tiempo de apertura, carecen de la motivación suficiente y no se justifica que se haya realizado el debido juicio de ponderación. La adopción de las medidas, pues, se justifica únicamente en la situación epidemiológica y en "las limitaciones que de facto establece un previo auto del mismo tribunal, pues aunque se hace referencia a las deliberaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, no se argumenta que en el seno del mismo se hayan llegado a acuerdos relativos a medidas como las aquí adoptadas.En esencia, adopta las medidas ahora recurridas y que suponen un cierre parcial del interior de los establecimientos de hostelería y restauración al constatar que esta Sala, en sede de medidas cautelares, apreció peligro por mora procesal en cuanto al cierre absoluto de tales interiores. No pudiendo lo más, pretende ahora lo menos, si bien no motiva debiéndose estimar el recurso.
Resumen: El comité de empresa de la empresa demandada formula demanda solicitando se declararse nula o, subsidiariamente, injustificada la decisión de suprimir la gratificación voluntaria absorbible y compensable. La sentencia del Juzgado desestima en la instancia la demanda, apreciando falta de competencia para su conocimiento. La Sala, al analizar el recurso de suplicación del comité de empresa demandante, concluye que como la gratificación voluntaria que dejó de aplicarse en la empresa demandada afectó a todos sus centros de trabajo de Extremadura y Andalucía, con lo que confirma la sentencia recurrida.
