Resumen: La Sala aborda si existe trato disciminatorio por la previsión en el Decreto 44/2020, de 3 de abril, del Consejo de la Generalidad Valenciana, de aprobación de las bases reguladoras de concesión directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en el régimen de autónomo afectadas por la Covid-19, para resultar beneficiario de las referidas ayudas, de haber figurado de alta, de modo ininterrumpido en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, dejando fuera por tanto a aquellos profesionales autónomos de alta en una mutualidad de previsión social alternativa a la Seguridad Social. La sentencia examina si las ayudas urgentes por COVID a empresarios valencianos deben extenderse en virtud del principio de igualdad a abogados y procuradores, y considera que no procede, porque la diferencia que se denuncia tiene una justificación objetiva y razonable, se basa en razones jurídicamente relevantes, como es haber establecido unas ayudas generales a todos los autónomos que se encuentran en el RETA, que no están destinados específicamente a los abogados y procuradores de dicho régimen especial. El propósito declarado de la norma es proteger el tejido empresarial valenciano, según señala el preámbulo, para paliar los graves efectos económicos derivados de la pandemia para el citado colectivo de trabajadores autónomos. La diferencia de trato se funda en el diferente régimen jurídico de cada sistema de previsión social.
Resumen: PRIMERO.- La resolución judicial de instancia ha estimado parcialmente la pretensión de la trabajadora demandante que, con categoría profesional de ayudante, ha prestado servicios en la peluquería de la Sra. Jacinta al menos desde el 24/11/2015 y de la Sra. Josefina desde el 1/11/2001, declarando la existencia de un despido disciplinario improcedente, fechado el 30/04/21, por una supuesta disminución voluntaria y continuada del rendimiento que no ha sido probada. Pero a la vez ha desestimado la pretensión principal de nulidad que converge en la circunstancia concomitante de una situación previa de ERTEs de fuerza mayor COVID (HP4º), desatendiendo igualmente la doctrina jurisprudencial de exigencia de nulidad del despido por circunstancia de pandemia en aplicación del art. 2 del RDL 9/2020, en relación a los art. 22, y 23 del RDL 8/2020, así como los art. 6.4, y 7.2 del CC en razones y argumentos que damos por reproducidos. Finalmente la juzgadora de instancia procede a hacer un descuento o compensación de la cuantía que entiende haberse abonado por indemnización de extinción en el año 2015, disminuyendo la cuantía indemnizatoria de 27.550? a 22.550?, pero habiendo advertido de la maniobra fraudulenta en la situación de una sucesión reglada según el art. 44 del ET, con mantenimiento de infraestructura, clientela, continuidad, a los solos efectos de cercenar la antigüedad. La empresarial Sra. Jacinta no ha comparecido a juicio, y finalmente la juzgadora ha absuelto a la Sra. Josefina, condenando exclusivamente a la persona física.
