Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la Orden por la que se acuerda la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de explotación de recursos de la sección C), caliza y dolomía, y ello por ser ajustada a derecho. Entiende el Tribunal que a la solicitud de prórroga de la vigencia de la D.I.A. es aplicable por un lado la normativa contemplada en el 43.1, según redacción dada al mismo por la Ley 9/2018, y al quedar sin contenido en dicha ley el resto de los apartados de dicho precepto, procede aplicar la normativa general del silencio administrativo contemplada en el. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en relación con el art. 21 de dicha ley que contempla la obligación de resolver y los plazos en que debe resolverse y notificarse dicha resolución, toda vez que estamos ante un procedimiento administrativo iniciado a solicitud del interesado. la Administración demandada, al dictar la Orden impugnada por la que se acuerda la prórroga de la vigencia de dicha D.I.A, no estaba vinculada por el sentido desestimatorio del silencio, de ahí que pese a ser desestimatorio en silencio nada impedía que pudiera dictarse una Orden accediendo a la solicitud de prórroga como así ha ocurrido en el presente caso en el que la Administración demandada acuerda dicha prórroga en aplicación de lo dispuesto en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Resumen: La Audiencia confirma en cuanto al fondo la sentencia de instancia pero aprecia la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Se analizan las exigencias de la presunción de inocencia y acerca del error en la valoración probatoria al ser invocado en el recurso, examinándose los límites del conocimiento del tribunal de apelación frente a la inmediación probatoria de instancia. Se analizan los tiempos de paralización del procedimiento a efectos de aplicar la atenuante de dilaciones indebidas. También sus consecuencias en cuanto a la determinación de la pena al apreciarse como muy cualificada. En lo relativo a la pena de multa se valoran las circunstancias económicas del acusado para fijar su cuantía.
Resumen: PRIMERO.- El recurso de apelación que nos ocupa ha sido formulado por la representación procesal de Adolfo contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Donostia-San Sebastián, que le condenó como autor de: