Resumen: En el desahucio por falta de pago de la renta y cantidades asimiladas (gastos, consumos, etc..) interfirió un procedimiento ordinario en el que la arrendataria del local solicitó la eliminación de determinadas rentas en base a la legislación COVID, alegando la cláusula rebus sic stantibus. Como la arrendadora en el juicio de desahucio desistió de la reclamación de las rentas y se limitó a las cantidades asimiladas, considera el juzgado que no existe prejudicialidad civil con el procedimiento ordinario en el que se decide el alcance de las rentas. En base a esto, la Audiencia considera que no le es exigible para recurrir el pago o depósito sino de las cantidades correspondientes a las cantidades asimiladas reclamadas. Sin embargo, en cuanto al fondo de la cuestión entiende la Audiencia que sí que existe prejudicialidad civil, puesto que el desahucio lo es por falta de pago de las rentas y cantidades asimiladas. Par lo cual es preciso conocer si debe rentas y qué rentas debe, lo que es objeto del procedimiento ordinario. Lo que conduce a estimar la existencia de prejudicialidad civil y devolver los autos al juzgado con suspensión en tanto no recaiga sentencia en el procedimiento de fijación de rentas.
