Resumen: Acción resolutoria de contrato de arrendamiento de finca urbana para uso distinto del de vivienda por impago de rentas y reclamación de estas. La arrendataria, una pyme, opuso su voluntad de acogerse a la moratoria prevista en el art. 1.2 del RDL 15/2020, de 21 de abril. La demanda fue estimada en las dos instancias, rechazándose la concurrencia de los requisitos exigidos para gozar de esa moratoria. La arrendataria recurrió en casación defendiendo que la moratoria era automática porque la actora era una gran tenedora de inmuebles y porque no era necesario demostrar la suspensión de la actividad, ya que ésta era notoria y derivada directamente de lo dispuesto en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, que acordó la suspensión de la apertura al público de los establecimientos de alojamiento turístico. La sala responde que conforme a las última disposiciones normativas, correspondía a la demandada acreditar si había suspendido su actividad o la había reanudado, lo que no hizo, máxime cuando además conforme al art. 2 de la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, la precitada suspensión no era automática, sino que podía continuar con respecto a clientes que, en el momento de declaración del estado de alarma, se hallasen hospedados de manera estable y de temporada conforme a los requisitos señalados en la ley. Además, incluso se reclaman rentas devengadas una vez levantado el estado de alarma en el mes de junio de 2020. Cuestión que se puede examinar en el juicio de desahucio.
Resumen: La AP desestima el recurso del condenado por el el Juzgado de lo Penal como autor de un delito de desobediencia grave a agente de la autoridad. En período estado de alarma el acusado se desplazó no repensando las restricciones de el domicilio de una amiga, en el que permaneció si bien cuando la titular le pidió que lo abandonara se negó a ello, negándose reiteradamente a abandonarlo cuando se lo pidieron los agentes policiales que acudieron avisados por la propietaria, ante quienes mantuvo una actitud física y verbalmente hostil que obligó a su detención. La anulación posterior por el Tribunal Constitucional de ciertas limitaciones impuestas en el primer estado de alarma no afecta la ilegalidad del comportamiento del apelante. La intervención policial estaba justificada por su actitud pertinaz de mantenerse morada ajena cuando la titular le pedía que la sonara, lo que hizo que requiriese el auxilio policial, de manera que fue legítima la orden de que abandonase el domicilio cuestión. El incumplimiento de esta orden legítima, materializada en una reacción violenta hacia los agentes, en cascada en el delito del artículo 556 CP.
Resumen: APROPIACIÓN INDEBIDA Y FALSEDAD CONTABLE: desvío de fondos de las cuentas corporativas a la personal manipulando los registros informáticos con cargos fraudulentos o incrementados artificialmente. La acusada era la única persona con poder de disposición y acceso a las claves, encargada de la contabilidad. VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGO: frente a la versión de la acusada, la testifical es unánime al señalar que era la única persona del organigrama con capacidad para realizar una la operación tan compleja. Hay dos periciales que respaldan la acusación: una contable para la apropiación y otra informática para la manipulación. CONTENIDO DEL DELITO DE FALSEDAD CONTABLE: falseamiento de las cuentas un otros documentos que deban reflejar la situación económica de la empresa. Tiene que ser idónea y para acusar un perjuicio económico. Es una conducta dolosa, basada en la mentira, la ocultación o la alteración de los datos verdaderos sobre la situación económica de la empresa, realizada de manera consciente por el administrador de hecho o de derecho. DELITO CONTINUADO: precisa de un único sujeto activo, un dolo unitario, una homogeneidad del bien jurídico y de precepto y una conexión de tiempo y espacio. DILACIONES INDEBIDAS: necesidad de indicar los periodos de inactividad procesal y carácter excesivo del retraso.
