Resumen: Declarada en la instancia la existencia de relación laboral entre el Banco y la actora con derecho a parte de las diferencias reclamadas recurren en suplicación tanto la actora como la entidad demandada. La Sala de lo Social rechaza, en primer lugar, la revisión de hechos interesada por la empresa recurrente y por la actora, al no reunir los requisitos jurisprudenciales para acceder a la misma. En segundo lugar, desestima el recurso del banco por no estar ante un contrato de agencia sino ante una relación laboral, siendo competente la jurisdicción social, pues siendo la dependencia la nota diferenciadora de la relación laboral especial de representante de comercio y el contrato de agencia, en el presente caso la actora estaba sometida a seguir las instrucciones de la entidad bancaria, sometida a auditorias, debía cumplir la normativa interna del banco tanto en blanqueo de capitales como códigos de conductas, debía comunicar los horarios de apertura, remitir diariamente el arqueo, etc., datos que demuestran que la relación que unía a ambas partes era laboral, y no mercantil. Y, en tercer lugar, desestima el recurso de la actora sin entrar a analizar los gastos que se dicen realizados para el desarrollo de su actividad ni sobre el abono de cotizaciones a la Seguridad Social, por ser una cuestión nueva no alegada en la instancia.
Resumen: El juzgado de instrucción condena al acusado como autor de un delito leve de estafa a la pena de dos meses de multa con una cuota diaria de 10 €. La representación procesal del acusado interpone recurso de apelación alegando infracción del artículo 50 del código penal, por no fundamentar el juez a quo la cuota diaria de la pena de multa impuesta que es superior al mínimo legal, interesa la imposición de la mínima. La audiencia Provincial desestima recurso de apelación, y en relación a la infracción del artículo 50 aplica la doctrina jurisprudencial y concluye que no concurre error en la fijación de la cuota al no constar dato alguno que avale la situación de indigencia del condenado. La sentencia argumenta las razones para la determinación de la cuota, que no han sido desvirtuadas en el recurso.
Resumen: La entidad actora ejercita la acción de reclamación de cantidad significativa del precio impagado por el suministro de mercancías a la sociedad demandada y, además, acumula la acción individual de responsabilidad frente al administrador de dicha sociedad. Se estima la primera acción y se desestima la segunda por falta de concurrencia de su requisitos. El mero impago de facturas no rellena "per se" el requisito del daño causado a los acreedores sociales y la demanda se basa exclusivamente en que se han dejado de pagar las facturas y la actuación antijurídica de los administradores no puede consistir en el comportamiento contractual o extracontractual de la sociedad. Consta por unos préstamos participativos el restablecimiento del equilibrio contable quedando removida la causa de disolución y por la normativa COVID se suspendió el plazo para formular las cuentas anuales y, en todo caso, la falta de su presentación no es causa de disolución, ni determina por sí sola la obligación de responder por las deudas sociales.
