Resumen: La situación económica negativa se venía así arrastrando respecto de años anteriores y no ha sido nada más que la consecuencia de la pandemia la que ha agravado aún más dicha situación económica negativa, que difícilmente puede verse solucionada con una suspensión. en consecuencia la utilización del ERTE durante el tiempo de pandemia, fue una medida obligatoria legal, que no llegó a solucionar la defectuosa situación económica por la que atravesaba la empresa ya con años de anterioridad. Al no haberse demostrado que las medidas extintivas se presenten claramente desproporcionadas en los términos de racionabilidad que expone la doctrina jurisprudencial, debe considerarse medida adecuada el cese de los demandantes con el fin de mantener la viabilidad de la empresa demandada y ajustar la plantilla a las circunstancias de su rendimiento y volumen de trabajo actual, cuya causa de disminución, no puede encontrase como hemos visto, en una producción intencionada de la causa del despido en fraude de ley acudiendo a la crisis del COVID -19 como se aduce.
Resumen: Se reclama por empresa que explota restaurante frente a su aseguradora en virtud de seguro de lucro cesante indemnización por perdida de beneficios por cobertura contratada en la póliza suscrita motivada por el cierre del establecimiento por el estado de alarma decretado para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia. Desestimada la demanda, en apelación se confirma la sentencia a partir de la distinción en la regulación de la Ley del Contrato de Seguros entre el seguro de lucro cesante celebrado como contrato autónomo, y el seguro de lucro cesante que se activa una vez producido el siniestro descrito donde se integra. Tratándose de este último el existente, y no de seguro autónomo de lucro cesante que cubra toda pérdida de beneficios, en el que en la póliza no aparece como riesgo indemnizable cubierto la paralización de la actividad comercial debida a orden de la Administración en general ni a consecuencia de las medidas gubernamentales adoptadas por haberse decretado el estado de alarma por la pandemia. Sin tampoco existir en tales circunstancias cobertura de gastos de defensa jurídica para la reclamación de la asegurada a la aseguradora, a la vez expresamente excluida respecto a litigios que se planteen en relación a riesgos no cubiertos.
