Resumen: Se cuestiona en el proceso una resolución por la que se acuerda la suspensión provisional de funciones de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. No se está combatiendo la incoación del procedimiento, que sí que constituiría un acto de trámite no cualificado, sino la medida cautelar que, al amparo del artículo 33 LRDCNP se acuerda, medida ésta que lógicamente constituye actividad administrativa impugnable con arreglo al artículo 25.1 LJCA. La finalidad de la suspensión provisional de funciones, adoptada como medida cautelar, es la de "proteger la integridad de la función e incluso preservar su imagen al exterior. La conservación del funcionario en su puesto, una vez que existen indicios racionales de una cierta conducta con una primera apariencia delictiva, puede entrañar un peligro o riesgo para la función o su desdoro, y también dificultar la investigación judicial o administrativa de lo sucedido". De esta forma, la finalidad de la suspensión está dirigida a garantizar la efectividad del procedimiento administrativo, así como la negativa intensidad que reviste para los derechos del funcionario afectado, incluida la presunción de inocencia que le asiste, imponiendo su adopción una importante dosis de proporcionalidad, así como su conveniente justificación. Publicación de un vídeo en Instagram con comentarios inaceptables sobre la crisis sanitaria por el COVID. Motivación suficiente: existente. Proporcionalidad. Desestimación del recurso contencioso-administrativo.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto por Asisa, confirmando las liquidaciones de tasas giradas por el Departamento de Salud de la Marina Baixa a su cargo por la prestación asistencial dispensada a afiliados de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), Mutualidad general judicial, ( MUGEJU,) e ISFAS que fueron atendidos en centros sanitarios adscritos al citado Departamento de Salud por el coronavirus SARS-COV2 y la enfermedad COVID-19 (enfermedad declarada como pandemia internacional y que llevó a la declaración del estado de alarma en España).Se sustenta la demanda en que la tasa se corresponde con una actuación en el ámbito de competencia de la Salud Publica, expresamente excluido de las coberturas de la mutualidad y del concierto con las entidades aseguradora,y que el abono de la misma supone un enriquecimiento injusto para la demandada. Se desestima el recurso interpuesto al considerar que la asistencia sanitaria dispensada en este caso al paciente, beneficiario de MUFACE, pese al contexto en que se produjo, de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia por COVID- 19, no se entiende excluida de aquellas prestaciones sanitarias que la recurrente venía obligada a prestar según el Concierto al no tratarse de una actuación en materia de salud pública y menos aún de una actuación de vigilancia epidemiológica, prestación que debió realizarse por la entidad concertada con la Mutualidad correspondiente por lo que concurre el hecho imponible.
Resumen: Condena por delitos de abuso sexual continuado a menor de edad, con penetración y prevalimiento; de detención ilegal; de lesiones con arma blanca; y de corrupción de menores. En delito de abuso sexual a menor de edad cometido concurre: 1) realización de actos de naturaleza sexual que atentan contra la libertad o indemnidad sexual de la víctima; 2) ánimo libidinoso o voluntad de satisfacer sus deseos sexuales; 3) prevalimiento, manifiesto abuso de superioridad sobre la víctima, y la ausencia de violencia o intimidación. El prevalimiento requiere: a) Situación manifiesta de superioridad del agente; b) que la superioridad coarte de forma relevante la capacidad de decidir de la víctima; y c) que el agente, consciente de esa situación de superioridad y de los efectos inhibidores, se valga de ella para obtener el consentimiento viciado de la víctima. El delito de detención ilegal exige: a) un elemento objetivo, privación de la libertad deambulatoria de la persona, tanto encerrándola físicamente como impidiendo su libertad de movimientos, sin encierro físico; 2) un elemento subjetivo, que la detención se realice de forma arbitraria, injustificada, siendo un delito eminentemente intencional en el que no cabe la comisión por imprudencia y en el que es indiferente la finalidad perseguida con la detención. Los hechos constituyen un delito de corrupción de menores (grabaciones, para su posterior visionado indefinido, de actos notoriamente sexuales, realizados sobre menor dormida.
Resumen: DESEMPLEO. EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. TRANSCURSO DE MÁS DE TRES MESES DESDE SU INCOACIÓN. SUSPENSIÓN E INTERRUPCIÓN Y ALZAMIENTO DE PLAZOS COVID-19. FALTA DE CONTRADICCIÓN y FALTA DE CONTENIDO CASACIONAL POR PLANTEAMIENTO DE UNA CUESTIÓN NUEVA NO SUSCITADA EN SUPLICACIÓN.
Resumen: ISGF INFORMES COMERCIALES SL. Tutela de derechos fundamentales derivada de la solicitud de teletrabajo realizada por la actora tras reincorporarse por haber estado en IT.
Resumen: PRECARIO. SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. Inadmisión del recurso de casación por carencia manifiesta de fundamento (art. 483.2. 4.º en relación con el art. 477.2 3.º de la LEC).
