Resumen: En respuesta al conflicto colectivo dirigido a cuestionar la actuación del SEPA sobre las horas extraordinarias estructurales de los bomberos que prestan servicios en régimen de 24 h de trabajo y 72 de descanso (que tienen reconocida la condición de trabajadores nocturnos) rechaza la Sala la inadecuación de procedimiento pues no se trata de un conflicto de intereses sino jurídico al promoverse frente a una práctica empresarial sobre unas horas extraordinarias que éstos consideran infringen los límites establecidos a los trabajadores nocturnos. Analiza el Tribunal su régimen en esta clase de jornada (desde la perspectiva tanto del Convenio como de la norma estatutaria) advirtiendo que la trascendencia social de la actividad no puede eludir los derechos de los trabajadores del SEPA (expuestos a riesgos laborales elevados y la prestación de servicios con jornada de 24 h en régimen de nocturnidad); resultando de suma relevancia una adecuada motivación de las horas extraordinarias realizadas. Motivación que se revela ausente al no precisarse las causas concretas de su ejecución (déficit motivador que ya fue denunciado por la Sindicatura de Cuentas). Horas que no se han visto reducidas de forma significativa tras la ampliación de plantilla y la adopción de algunas medidas organizativas; debiendo la empresa cesar en dicha práctica.
Resumen: Conflicto colectivo con alegación de vulneración de DDFF. Se pretendía nulidad del acuerdo del Govern de Cataluña de 14.04.2020 por el que se dejó de prestar el servicio de detección y vigilancia de incendios forestales por medio de puntos de vigilancia, no siendo objeto de llamada en la campaña de verano de 2020 los vigías fijos discontinuos, y recolocar al personal afectado, si bien el procedimiento de recolocación no se iniciaría hasta que se levantaran las restricciones a la movilidad de las personas derivadas de la crisis sanitaria de la Covid 19, quedando hasta entonces los afectados en situación de disponibilidad, no siendo convocados a proceso de recolocación como ayudantes de oficio forestal (AOF) por requerirse superación de pruebas físicas y no ser posible la realización de éstas debido a las restricciones de movilidad. El TS confirma la sentencia de la sala de instancia al entender, con ésta, que existía una justificación objetiva y razonable para no convocar a recolocación como AOF a los vigías fijos discontinuos y sí a los integrantes de la bolsa que en 2019 habían prestado servicios como tales tras superar entonces dichas pruebas, a quienes ahora solo se pidió declaración responsable y certificado médico. Añade que no se vulnera tampoco la ley ni el convenio por no convocar las pruebas físicas, decisión que la sala de instancia consideró razonable, porque no se aportan argumentos para combatir dicha apreciación.
Resumen: La Sala admite como cuestión que reviste interés casacional objetivo determinar si las subvenciones dirigidas a personas físicas o jurídicas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, que fueron aprobadas en el marco de la pandemia de Covid-19, en este caso mediante la Ley 3/2021, de 26 de abril, gozan o no de la prerrogativa de inembargabilidad, y, en caso negativo, si resulta de aplicación la limitación del artículo 607 LEC.
