Resumen: Condena por delitos de abuso sexual continuado a menor de edad, con penetración y prevalimiento; de detención ilegal; de lesiones con arma blanca; y de corrupción de menores. En delito de abuso sexual a menor de edad cometido concurre: 1) realización de actos de naturaleza sexual que atentan contra la libertad o indemnidad sexual de la víctima; 2) ánimo libidinoso o voluntad de satisfacer sus deseos sexuales; 3) prevalimiento, manifiesto abuso de superioridad sobre la víctima, y la ausencia de violencia o intimidación. El prevalimiento requiere: a) Situación manifiesta de superioridad del agente; b) que la superioridad coarte de forma relevante la capacidad de decidir de la víctima; y c) que el agente, consciente de esa situación de superioridad y de los efectos inhibidores, se valga de ella para obtener el consentimiento viciado de la víctima. El delito de detención ilegal exige: a) un elemento objetivo, privación de la libertad deambulatoria de la persona, tanto encerrándola físicamente como impidiendo su libertad de movimientos, sin encierro físico; 2) un elemento subjetivo, que la detención se realice de forma arbitraria, injustificada, siendo un delito eminentemente intencional en el que no cabe la comisión por imprudencia y en el que es indiferente la finalidad perseguida con la detención. Los hechos constituyen un delito de corrupción de menores (grabaciones, para su posterior visionado indefinido, de actos notoriamente sexuales, realizados sobre menor dormida.
Resumen: DESEMPLEO. EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. TRANSCURSO DE MÁS DE TRES MESES DESDE SU INCOACIÓN. SUSPENSIÓN E INTERRUPCIÓN Y ALZAMIENTO DE PLAZOS COVID-19. FALTA DE CONTRADICCIÓN y FALTA DE CONTENIDO CASACIONAL POR PLANTEAMIENTO DE UNA CUESTIÓN NUEVA NO SUSCITADA EN SUPLICACIÓN.
Resumen: Trabajadora a tiempo parcial con un porcentaje de jornada del 75% afectada por ERTE COVID, impugna la resolución administrativa que le reconoce la prestación de desempleo en cuantía de 27'45 €, resultante de aplicar a la base reguladora diaria de 50'11 €, un coeficiente de parcialidad del 75%. La instancia desestima la demanda. La Sala de lo Social, rechaza las revisiones fácticas propuestas, y confirma la decisión del Juzgado, basándose en que, para el cálculo del tope máximo de la prestación de desempleo de los trabajadores que han perdido un empleo a tiempo parcial, a dicho límite, calculado sobre determinados porcentajes del IPREM, se le aplica el correspondiente porcentaje de parcialidad.
Resumen: Cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, este Tribunal debe: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del Tribunal del Jurado, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científico. La alevosía resulta de la falta de defensa de la víctima; es decir, el núcleo de la alevosía se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa; o bien en el aprovechamiento de una situación de indefensión.
