Resumen: El INSS recurre una sentencia que ereconoce el derecho al pe5rcibo de la prestación por IMV a quien forma familia con su pareja y dos niños conviviendo en el mismo domicilio que de su propiedad. La Sala lo desestima, amen de por ser un recurso que obvia el art. 196.2 LRJS, por omitir el recurrente que no se computa como patrimonio a los efectos de la ponderación de la situación de la vulnerabilidad económica la vivienda habitual. En este caso todas las personas beneficiarias, además integradas en una unidad de convivencia, cumplen los requisitos para estimar que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes pues el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables, en este caso, del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, es inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia. Se debe tener en cuenta que a estos efectos, no computan como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas, y otros ingresos y rentas de acuerdo con lo previsto para el cómputo de rentas y patrimonio. Se está ante un inmueble no arrendado y domicilio.
Resumen: La Sala confirma la sentencia que condena por un delito de lesiones imprudentes, por imprudencia grave, cometido por vehículo de motor, atropello de un operario, en una zona señalizada de obras, que estaba haciendo labores de regulación del tráfico en la carretera. La Sala conviene con el "a quo" en que el modo en que se comportó el apelante al volante del vehículo debe incardinarse en la forma más grave de la imprudencia. No se trató de un mero "exceso de velocidad". Hablamos de un hecho que se produce en un tramo señalizado en obras, con limitación expresa de velocidad a 40 km/hora, circulando al doble. Ninguna suerte de "compensación" cabe apreciar con fundamento una pretendida contribución del operario atropellado a la producción del accidente, a efectos de degradar la imprudencia a menos grave. La apreciación de dilaciones indebidas exige cuatro requisitos: 1) que la dilación sea indebida, es decir, injustificada; 2) que sea extraordinaria; 3) que no sea atribuible al propio inculpado; y 4) que no guarde proporción con la complejidad con la causa, requisito muy vinculado a que sea indebida. En el caso examinado no se aprecia la atenuante pues no se aprecian paralizaciones extraordinarias en la tramitación. Finalmente, la sentencia motiva la pena impuesta, siquiera sucintamente, y ello es suficiente.
Resumen: El Auto objeto de recurso autoriza a la madre a proceder a la tramitación para la obtención del pasaporte para la hija menor, así como a poder viajar con la hija a Ecuador en el mes de julio de 2022.El apelante formula su recurso argumentando que dado que la resolución judicial le concedía a la madre la autorización solicitada para el periodo 4 a 31 de julio de 2022 y este período de tiempo a la fecha de interponerse la apelación ya ha sido rebasado, debe entenderse que se ha producido la perdida sobrevenida de la eficacia del proceso. Entiende la Sala que dado los términos de la solicitud de la madre, la tramitación del pasaporte no era para un único acto o con la finalidad de ser utilizado en un único viaje. De otro lado, la actuación del progenitor en el procedimiento determinó que se perdieran los billetes adquiridos por la madre que además había presentado solicitud de ejecución provisional. Concluye la Sala que puesto que de forma sobrevenida ha venido a quedar sin efecto la petición de autorización para viajar en el mes de julio de 2022 pero dado que no se aprecia que la autorización concedida a la madre para que pueda tramitar la expedición de pasaporte de la menor conlleve implique riesgo alguno para la menor ni le ubique en una situación de la que pueda derivar perjuicio alguno , procede sólo en parte la estimación del recurso y mantener esta autorización para la gestión administrativa. Se estima parcialmente.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestimó el recurso contra Resolución de 1 de octubre de 2021 dictada por el Director de la APLU por la que, a su vez, se desestimó el recurso de reposición contra el Acuerdo de 8 de marzo de 2021 que declaraba ilegalizables las obras de construcción realizadas en el término municipal de O Barco y se ordena su demolición. Señala la Sala que en el presente caso no se cuestiona que las obras se encuentran situadas en una parcela que con arreglo a la clasificación urbanística tanto del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras como del Plan de Rubiá merecen la consideración de suelo rústico de protección ordinaria, por lo que la competencia de la APLU para la incoación y resolución del expediente resulta incuestionable, al margen de que los Alcaldes de cualquiera de ambos municipios debió ordenar su suspensión. Y añade, en relación con la denegación de la prueba propuesta, que resulta del expediente que los hechos cuya acreditación pretendía con la propuesta, al margen de que resultaren de lo consignado por el subinspector urbanístico en el acta de inspección -lo que motivó su denegación- resultaban de todo punto irrelevantes al objeto del expediente de reposición cuando se trata de unas obras prohibidas en suelo rústico, por resultar su finalidad residencial evidente, no resultando posible la legalización y solo cabe su demolición.
