Resumen: El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso empresarial formulado contra la sentencia del Juzgado que califica como despido improcedente el de condición objetiva que, con indicación de causa económica, productiva y organizativa, acordó dicha recurrente de su jefe de contabilidad. Se trata de una cooperativa de distribución farmacéutica que consta que obtuvo beneficios e incrementos de ventas en los periodos aludidos en la carta de despido, al contrario de una situación económica negativa que se alegaba, ratificando la Sala la falta de prueba de causa productiva u organizativa que se alegaba, pues no se aprecia hecho alguno entre los probados que merezca tal calificación. Previamente admite que no procedía tal calificación por el defecto formal de no haber dado cuenta a los representantes de los trabajadores de ese despido objetivo, puesto que esto no se alegó por el demandante si no es hasta la fase de conclusiones del juicio, existiendo una alteración sustancial de la demanda. Rechaza, también, una nulidad de actuaciones pedida alegándose insuficiencia de hechos probados de la sentencia con respecto de las causas justificativas del despido o falta de motivación suficiente de las razones consideradas por el Juzgado para llegar a tal conclusión. Tras explicar los requisitos legales que fija el ordenamiento jurídico al efecto, la Sala rechaza de forma individualizada y motivada, las quince reformas de los hechos probados que se proponen en el recurso.
Resumen: Se analiza si una vez transcurrido el plazo contractual pactado y las prórrogas que ambos contratantes admiten, se ha producido una nueva prórroga como alega la parte demandada que es negada por la sentencia recurrida. El Tribunal valora las pruebas practicadas y teniendo en cuenta que constan documentos remitidos por la empresa que gestiona el alquiler, en concreto un código para firmar el contrato, se aorta pantallazo de la firma realizada, el seguro concertado y todo ello en fechas cercanas a la finalización de la última prórroga admitida y teniendo en cuenta que desde entonces se acredita el pago de un nuevo importe de renta, debe considerarse probado que existió prórroga del contrato, y la demanda no puede prosperar.
Resumen: El Fondo de Garantía Salarial rechazó el abono de determinados salarios por haber transcurrido más de un año entre el auto de insolvencia y la solicitud. Impugnada dicha denegación el juzgado desestimó la demanda. La Sala confirma la sentencia rechazando la alegación de que la solicitud del testimonio del auto de insolvencia interrumpe el plazo de prescripción. por lo que el mismo había transcurrido a la fecha de solicitud aún teniendo en cuenta la suspensión de plazos acordada durante el confinamiento COVID, El juzgado se demoró 195 días en dicha entrega pero la Sala argumenta la innecesariedad del testimonio del auto bastando una copia del mismo para efectuar la reclamación.
