Resumen: Si bien el principio general de contratación imponía la aplicación del principio de riesgo y ventura del concesionario, la prestación de los servicios de transporte regular por carretera presenta singularidades, como la del precio, ya que los pliegos rectores contemplan la previsión de ingresos mediante el abono de tarifas por parte de los usuarios, pero también, en una gran parte, compensaciones económicas por obligaciones de servicio público que abona directamente la administración y que complementan los ingresos procedentes de la venda de billetes a los usuarios. Por ello, ante la presencia de situaciones excepcionales e imprevisibles, como sucedió con la pandemia del COVID-19, se adoptaron medidas excepcionales para evitar el perjuicio que a las concesionarias les produjo la notable reducción de los desplazamientos de la población.una cosa es que la administración competente pueda adoptar medidas extraordinarias para paliar el impacto económico sufrido por las prestatarias de servicios de transporte y otra cosa es que no pueda contemplar excepciones para que el mantenimiento del equilibrio económico de la concesión sea acorde con las particularidades de cada caso, como sucede con aquéllas que ya contaron "en alguna de las fases del procedimiento de contratación" con instrumentos útiles para paliar el alza de los precios del combustible, que son justamente los que evitarían "la frustración de las expectativas económicas asumidas por el concesionario".
Resumen: Aun reconociendo la relevancia médica de las dolencias padecidas por el beneficiario, no se puede considerar su situación como de urgencia vital o equivalente a urgencia vital porque no se le prescribió ninguna intervención quirúrgica por ninguno de los facultativos o facultativas del Sistema Nacional de Salud, ni se cumplieron las formalidades exigidas de poner la prestación de asistencia sanitaria en conocimiento del Servicio Público de Salud.
