Resumen: Si bien el principio general de contratación imponía la aplicación del principio de riesgo y ventura del concesionario, la prestación de los servicios de transporte regular por carretera presenta singularidades, como la del precio, ya que los pliegos rectores contemplan la previsión de ingresos mediante el abono de tarifas por parte de los usuarios, pero también, en una gran parte, compensaciones económicas por obligaciones de servicio público que abona directamente la administración y que complementan los ingresos procedentes de la venda de billetes a los usuarios. Por ello, ante la presencia de situaciones excepcionales e imprevisibles, como sucedió con la pandemia del COVID-19, se adoptaron medidas excepcionales para evitar el perjuicio que a las concesionarias les produjo la notable reducción de los desplazamientos de la población.
Resumen: Revoca parcialmente la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como autor responsable de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, de un delito de atentado a agente de la autoridad y de un delito leve de lesiones. Acusado que encontrándose en situación de prisión provisional y durante un traslado desde la sede judicial, después de dar un fuerte empujón al policía de custodia, logró darse a la fuga, ocasionado lesiones al policía. Juicio telemático celebrado sin la presencia física del acusado, que interviene mediante videoconferencia desde el centro penitenciario. El derecho a estar presente en el juicio no implica siempre y en todo caso presencia física en la sala de vistas. La crisis sanitaria es una razón suficiente de justificación de la excepcionalidad de la presencia telemática del acusado en el juicio. Delito de resistencia y delito de atentado contra agentes de la autoridad. Los elementos normativos a ponderar para diferenciar el delito de atentado del de resistencia se refieren, por una parte, a la actividad o pasividad de la conducta del sujeto activo, y, por otra, a la mayor o menor gravedad de la oposición física del mismo sujeto al mandato emanado de la autoridad o sus agentes en el ejercicio legítimo de sus funciones. Dilaciones procesales indebidas sobrevenidas en el curso de la segunda instancia relacionadas con la sobrecarga que pesa sobre el tribunal de apelación.
