Resumen: Presentada demanda de incidente concursal por un acreedor solicitando la declaración de incumplimiento del convenio, el concursado pretende la modificación del convenio alegando que debido a la situación económica nacional que ha causado la pandemia de Covid-19, la prestación a la que venía obligado el deudor conveniado ha devenido más onerosa, prácticamente imposible. La Audiencia declara que la construcción dogmática de la doctrina sobre la rebus sic stantibus no resulta aplicable al supuesto aquí examinado. De entrada, porque dicha construcción solo puede ser traída al procedimiento a través de la demanda reconvencional, art. 406 LEC, no por vía de mera excepción o defensión. No se comprende en el ámbito aplicativo de esa cláusula jurisprudencial el hecho de que el deudor venga a peor fortuna y no pueda cumplir su obligación por ello, ni su incapacidad económica o su insolvencia como justificaciones subjetivas para el incumplimiento de su prestación.
Resumen: Es una facultad dell empresario exigir a los trabajadores realizar aquellos cursos de formación profesional ofertados por la empresa, siempre que estén relacionados con su puesto de trabajo y se realicen dentro de la jornada laboral ordinaria.la escuela formativa implantada por la empresa fue establecida ante la necesidad de reciclar y perfeccionar la técnica de los trabajadores, quienes se han mantenido apartados de la actividad y mantuvieron los contratos suspendidos por ERTE durante la pandemia del COVID y que mantuvo cerrado el Casino desde el 13/03/2020 hasta el 27/01/2022, siendo razonable que al comprobar la empresa la pérdida de destrezas técnicas de los empleados se estableciera dicha formación dentro de los horarios de trabajo y de forma retribuida.Si no se ha producido ningún cambio en cuanto a horarios o turnos o libranzas respecto a la trabajadora por la implantación de dichos cursos de formación no hay base para sostener una falta de ocupación efectiva, ni por tanto una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, y menos aún en perjuicio de su dignidad, al exigir esto último existencia de una actitud empresarial que sea claramente vejatoria o, al menos, atente abiertamente sobre ese derecho que todo trabajador tiene reconocido.
