Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto confirmando la sentencia de la instancia desestimatoria,a su vez, de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños sufridos en la asistencia médica prestada por parte del Servicio extremeño de salud por error en el diagnóstico y,con ello,la demora en detectar el cáncer de colón metastásico que padecía el paciente. Se sustenta la apelación en el error padecido en la valoración de la prueba en la instancia. Se confirma la sentencia apelada,previa valoración de la prueba practicada de la que se constata que,a la vista de las distintas asistencias sanitarias y pruebas que se le fueron realizando al paciente no era posible detectar,con la debida antelación, el cáncer de colon que padecía al no tener síntoma del mismo. Se destaca que el paciente presentaba una cirrosis hepática alcohólica sin que cuando acude a una revisión programada al servicio digestivo y pese a realizarle distintas pruebas se exteriorizaran síntomas compatibles con un cáncer de colón metastásico.Apenas,dos días después acude al médico de familia por dolor periumbilical y se le diagnóstica una hernia abdominal.Y no siendo hasta seis meses después al realizarle una ecodoppler hepática cuando se aprecia la existencia de la lesión,de la que es intervenido constatando el cáncer de colón invasivo diseminado y por el que fallece. Y todo ello sin que se practique prueba alguna que acredite la infracción de la lex artis.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
