Resumen: Se cuestiona en el proceso una resolución que desestima una solicitud de indemnización de residencia eventual tras la suspensión temporal de la actividad académica presencial en los centros de formación dependientes de la Dirección General de la Policía provocada por el Covid-19. Normativa aplicable. El demandante carecía, para el periodo objeto de reclamación, de nombramiento en comisión, y no se daba ninguno de los requisitos para el devengo de la indemnización por residencia eventual. No consta la autorización de las comisiones de servicio a las que alude el recurrente en s escrito de demanda. Consiguientemente, desde el momento en que la presencia en la Escuela Nacional de Policía no era precisa por mor de la continuación telemática del curso de formación, nada obstaba a que el recurrente volviese hasta el lugar donde tenía establecida su residencia al contar con destino en la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana. Conforme a lo previsto en el apartado Cuarto (" Régimen Económico") de la Resolución de la dirección General de Policía de fecha 11/4/18, por la que se convocaba a los interesados a la realización del primer curso de formación profesional en cuestión, la innecesariedad de presencia en la Escuela Nacional de Policía implicaba el que desapareciera el presupuesto de hecho que exige la indemnización de residencia eventual, el desplazamiento fuera de la sede donde se presta servicio. Desestimación del recurso contencioso-administrativo.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
