Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: En un supuesto de lesiones en agresión con pérdida de órgano principal, visión de un ojo, la Sala condena por un delito de lesiones en concurso ideal con un delito de lesiones con imprudencia grave. Y en este sentido considera que existiendo un previo forcejeo, concurre una conducta dolosa en cuanto a la acción, un puñetazo, y una conducta negligente en cuanto al resultado, la pérdida de la visión de un ojo. Parte el Tribunal Supremo de decir que quien lanza con fuerza su puño contra el ojo de otra persona conoce que genera un grave riesgo para el bien jurídico (integridad física), pero sigue diciendo que: "...lo importante es determinar si el peligro de que se produjera el resultado concreto ocasionado, perdida de la visión del ojo, era muy elevado y se configuraba como probable, así como sí el autor de la agresión conocía el nivel de riesgo en el momento de ejecutar la acción, y no obstante conocerlo la ejecutó asumiendo y aceptando el resultado." En el caso examinado por el Tribunal Supremo, del mismo modo que en el que ahora nos ocupa, dice que los datos con los que contó el Tribunal fueron que: el acusado golpeó fuertemente en el rostro de la víctima, concretamente en el ojo izquierdo. Esto denota el evidente ánimo de atentar contra la integridad física de su víctima pero también "...se configuraba como más que probable la posibilidad de la pérdida de la visión del ojo golpeado de esa manera." Se trataba en suma de un grado de probabilidad alto.
Resumen: Recurre la trabajadora su sanción por falta grave reiterando su nulidad al haberse producido la misma con vulneración de su derecho a la integridad física en el contexto de la Pandemia-Covid al estar exenta del uso de mascarilla por razón de la rinitis alérgica y dermatitis seborreica que padece. Conjugando la normativa especial reguladora de su utilización y su jurisprudencial hermenéutica (y su implicación sobre el Derecho a la libertad individual vs derecho a la vida) advierte la Sala sobre la proporcionalidad de aquella medida de prevención en la que debe prevalecer el objetivo constitucional de protección de la salud siendo sus hipotéticos riesgos menores que el beneficio de la prevención obtenida. Tras relacionar las causas que pudieran eximir su uso considera el Tribunal que la actora no se encuentra en ninguno de los supuestos excepcionales de exclusión, quien confunde una medida sanitaria, razonable y proporcional al fin pretendido, con una medida que ella sostiene que es atentatoria a su vida e integridad física, sin que hubiese justificado la causa que afirma le impedía el uso de la misma. Y siendo así que tampoco se considera vulnerado el Derecho Fundamental a la Intimidad por causa de obligársele a aportar los informes médicos requeridos al tratarse de una decisión legitima y proporcional a la situación de riesgo.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestimó el recurso contencioso seguido frente a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta de Galicia contra la desestimación por silencio del recurso de reposición formulado contra la resolución de 08.02.2021 de la Dirección de la Axencia que declara ilegalizables y ordena la demolición de las obras ejecutadas por ellos en una finca situada en el lugar de Goias (Lalín), consistentes en la construcción de una edificación de uso residencial, una auxiliar, una barbacoa y solera en el lugar de Delaparte. Señala la Sala, con relación a la caducidad de la acción de reposición de la legalidad, por transcurso del plazo superior al de 6 años desde la fecha de finalización de la obra, que no cabe apreciarlo, puesto que no se ha acreditado que en la edificación originaria, tan solo se llevaran a ejecución obras de simple conservación, reparación o consolidación de una construcción preexistente. De forma que no se puede considerar acreditado que la edificación actual, se corresponda con la de 2014, ni tampoco con la edificación que figura en fotografías de fechas anteriores, aunque existiera una edificación, que no se identifica tampoco con la actual. Por lo que no acreditada la fecha de la real terminación de las obras, en condiciones tales como para ser apta para el fin que le es propio, no puede entenderse iniciado el plazo de seis años.