Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala examina los antecedentes de la crisis sanitaria producida por la pandemia del Covid-19 y las medidas normativas adoptadas al efecto, abordando la cuestión referida a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador a partir de las SSTC 148/2021 y 183/2021, que declaran la inconstitucionalidad parcial de las disposiciones que acordaron el estado de alarma y sus prórrogas. Señala que tales medidas estaban dirigidas a distintos y amplios sectores de actividad y, por tanto, dotadas del suficiente grado de generalidad para encuadrarlas en la categoría de cargas colectivas, además de ajustarse al principio de precaución o cautela (que comporta una inversión de la carga de la prueba) ante situaciones de riesgo para la salud pública. Y se adoptaron de acuerdo con el conocimiento científico de la pandemia existente entonces, por lo que su enjuiciamiento ha de hacerse conforme al criterio jurisprudencial de no retrospección (cláusula del sesgo retrospectivo anglosajona). No cabe alegar que el art. 3.2 de la LO 4/1981 establece un régimen especial (que exoneraría de la antijuricidad del daño y la fuerza mayor) contrapuesto al general de la responsabilidad patrimonial de la Administración. En consecuencia, las medidas adoptadas por los poderes públicos se dirigieron a limitar los efectos de una pandemia -imprevisible e inevitable-, siendo desarrolladas de manera razonada y proporcionada a la situación existente, por lo que no se generó responsabilidad.
Resumen: Por la parte demandada se interpone recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de 1ª Instancia que atribuyó a la actora la facultad de decidir sobre la realización de pruebas de detección del contagio de Covid-19, así como la administración de la vacuna contra la Covid-19 a su hijo menor. Señala la Sala que debe partirse de la premisa de que la vacunación es voluntaria, por lo que su administración no puede ser acordada en interés de la salud pública o en beneficio de terceros. Por otro lado, es pública la información genérica sobre la gravedad que puede alcanzar la enfermedad causada por covid-19, especialmente antes de que comenzaran a administrarse las vacunas, aunque su gravedad suele ser menor en la población infantil. La resolución debe adoptarse atendiendo al mayor beneficio para su vida y salud, resultando en este caso, que la decisión por la que se decanta la madre viene avalada por la recomendación de las autoridades sanitarias y las pruebas aportadas a autos. En definitiva, no concurre motivo que justifique la revocación del Auto dictado por el Juzgado, teniendo también en cuenta que el mismo no ordena la vacunación de la menor, sino que únicamente autoriza a la madre para adoptar la decisión que considera adecuada en esta materia.
Resumen: Se ha dictado resolución reconociendo prestación de desempleo computando 2.190 días, y ha reconocido 720 días de prestación, así como 188 días consumidos. Aunque el litigio se ha desarrollado sobre la cuestión de los días de cotización existentes, la resolución ha contemplado el máximo legal por lo que la consumición no tiene que ver con los días cotizados y al realizar el cálculo se comprueba que no coincide con lo que resultaría de que se hubiese descontado el periodo de ERTE Covid. El SEPE afirma que se han consumido 36 días por tardanza en la solicitud de la prestación y el resto por otras razones no acreditadas, pero el 21 de abril 2022 comenzó el plazo para solicitarla y no es hasta el 13 de junio cuando tiene lugar la solicitud de la prestación de modo que han transcurrido más de los 15 ofrecidos por la norma. Como los días que se han considerado consumidos por la parte demandada han sido 36 y es un número de días inferior al que ha de computarse, debemos declarar consumidos esos 36 días sin que se pueda perjudicar el derecho del demandante más allá de lo propuesto por la Entidad Gestora.
